El Código Orgánico Integral Penal establece que el causar un incendio forestal deja una sanción privativa de libertad de uno a tres años; si existe una quema agrícola controlada que salió de control y se causó un incendio de magnitud la sanción es de tres a seis meses de prisión, pero en cualquiera de los dos casos si existiera el fallecimiento de una persona la pena privativa de libertad es de 13 a 16 años.
Ante esto Diana Loroña, coordinadora zonal del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE), hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie en el caso de conocer a personas que inicien incendios forestales.
Loroña, explicó que presentaron la campaña ‘Ecuador sin fuego’ con el objetivo de disminuir los incendios forestales en la época de verano, sin embargo, en lo que va del año se registran 300 hectáreas quemadas, mientras que en 2018 se registró la quema de 500 hectáreas.
Solo el fin de semana la SNGRE se registró cinco incendios forestales que dejaron como resultado la afectación de 53 hectáreas, cuatro flagelos forestales se registraron en Pujilí con una afectación de 50 hectáreas y uno en Latacunga con afectación de tres hectáreas, hasta el momento el cantón con mayor afectación es Pujilí.
Loroña dijo que es importante terminar con las creencias y que los ciudadanos entiendan que la quema de rastrojo no va a traer la lluvia ni van a tener una buena cosecha, porque con la quema de pajonales afectan a las fuentes de agua.
Recordó que la movilización de helicópteros tiene un costo de dos mil y cuatro mil dólares la hora, los mismos se activan el momento en el que se registre un incendio de magnitud que es de difícil control. (MT)