Aún afectado, la mañana de ayer llegó hasta la sala de Seguridad Ciudadana del Municipio de Latacunga, Byron Cárdenas, acalde de Latacunga, quien dio una rueda de prensa para dar a conocer detalles de la retención de la que fue víctima el sábado en la tarde en el sector del intercambiador.
Dijo que se viven momentos críticos y difíciles, que pueden visualizar algunos intereses de ciertos sectores que se quieren aprovechar de la fortaleza del movimiento indígena en esta “manifestación justa” que se hace por el incremento en el precio de los combustibles, pero existen sectores que se quieren aprovechar de la buena fe que tiene el sector indígena y sacar de control la manifestación y deslegitimar el justo derecho a la protesta.
El sábado mantuvo una reunión en el cuartel de policía con el Ministro de Transporte Obras Públicas (MTOP), José Martínez, donde asistieron varios líderes del cantón y la provincia y ratificaron el pedido de que se derogue el decreto presidencial 883, para que se deponga la medida de hecho.
Al momento de pasar por el intercambiador de tránsito de Pujilí, mientras se dirigía a una reunión a Maca, donde mantienen retenidos a ocho policías, tres militares y un civil, detuvieron la marcha del automotor en el que se trasladaba, cuando se bajó de la camioneta vio un grupo de once personas que incitaban a retenerlo y fue llevado hasta una comunidad.
Luego de las negociaciones realizadas por dirigentes indígenas lograron que sea puesto en libertad en horas de la noche, durante este tiempo recibió amenazas de que podían atentar contra su vida si pasaba algo a cualquiera de las personas que se manifiestan en Quito.
Reiteró que quienes propiciaron el secuestro no eran del movimiento indígena sino más bien infiltrados que estaban provocando el caos.
Aseguró que nada detendrá su accionar como Alcalde de la ciudad y ayer realizó un recorrido por las fuentes de agua y los tanques, donde no se evidenciaron novedades, pero el Alcalde envió un oficio al Gobernador para que al estar el cantón en emergencia se disponga a los policías y militares el resguardo en edificios públicos, privados, lugares estratégicos de dotación de agua y luz eléctrica.
Exigió que no se vandalicen los bienes de la ciudad para no afectar a niños, ancianos y hospitales. “Hemos dispuesto la colocación de cámaras para monitorear las fuentes de agua y judicializar a quienes intenten afectar a la población”, añadió.
Además se refirió a la necesidad urgente de un diálogo entorno al decreto 883 y llegar a un acuerdo sobre el precio de los combustibles. “Estamos pagando con vidas por este decreto, necesitamos que el Gobierno termine con este caos”, expresó.
Finalmente, Cárdenas anunció que finalizada la movilización se hará una verificación de los daños causados en estos días de paralización y se presentarán las denuncias a la Fiscalía para que investigue y emita las sanciones correspondientes.
Más incidentes
La tarde del sábado un grupo de 30 policías que salió a reforzar las seguridades en la cárcel regional Cotopaxi fueron retenidos por indígenas y les trasladaron hasta Saquisilí, con este grupo de uniformados hasta el día 12 de paralización suman 38 policías, tres militares y un civil retenidos, las autoridades realizan las negociaciones correspondientes para que sean puestos en libertad.
Según datos de la Gobernación de Cotopaxi, desde el 3 de octubre hasta la fecha se registra la liberación de 59 militares y policías a través de mesas de diálogo que los dirigentes indígenas han mantenido con Jorge Miño, gobernador de Cotopaxi.
Los destacamentos de Policía de Saquisilí, Pujilí, Salcedo y la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) Eloy Alfaro, han sido cerradas; desde el comando de Policía se atienden las emergencias que son despachadas a través del ECU-911. (MT/VHG)
Aún afectado, la mañana de ayer llegó hasta la sala de Seguridad Ciudadana del Municipio de Latacunga, Byron Cárdenas, acalde de Latacunga, quien dio una rueda de prensa para dar a conocer detalles de la retención de la que fue víctima el sábado en la tarde en el sector del intercambiador.
Dijo que se viven momentos críticos y difíciles, que pueden visualizar algunos intereses de ciertos sectores que se quieren aprovechar de la fortaleza del movimiento indígena en esta “manifestación justa” que se hace por el incremento en el precio de los combustibles, pero existen sectores que se quieren aprovechar de la buena fe que tiene el sector indígena y sacar de control la manifestación y deslegitimar el justo derecho a la protesta.
El sábado mantuvo una reunión en el cuartel de policía con el Ministro de Transporte Obras Públicas (MTOP), José Martínez, donde asistieron varios líderes del cantón y la provincia y ratificaron el pedido de que se derogue el decreto presidencial 883, para que se deponga la medida de hecho.
Al momento de pasar por el intercambiador de tránsito de Pujilí, mientras se dirigía a una reunión a Maca, donde mantienen retenidos a ocho policías, tres militares y un civil, detuvieron la marcha del automotor en el que se trasladaba, cuando se bajó de la camioneta vio un grupo de once personas que incitaban a retenerlo y fue llevado hasta una comunidad.
Luego de las negociaciones realizadas por dirigentes indígenas lograron que sea puesto en libertad en horas de la noche, durante este tiempo recibió amenazas de que podían atentar contra su vida si pasaba algo a cualquiera de las personas que se manifiestan en Quito.
Reiteró que quienes propiciaron el secuestro no eran del movimiento indígena sino más bien infiltrados que estaban provocando el caos.
Aseguró que nada detendrá su accionar como Alcalde de la ciudad y ayer realizó un recorrido por las fuentes de agua y los tanques, donde no se evidenciaron novedades, pero el Alcalde envió un oficio al Gobernador para que al estar el cantón en emergencia se disponga a los policías y militares el resguardo en edificios públicos, privados, lugares estratégicos de dotación de agua y luz eléctrica.
Exigió que no se vandalicen los bienes de la ciudad para no afectar a niños, ancianos y hospitales. “Hemos dispuesto la colocación de cámaras para monitorear las fuentes de agua y judicializar a quienes intenten afectar a la población”, añadió.
Además se refirió a la necesidad urgente de un diálogo entorno al decreto 883 y llegar a un acuerdo sobre el precio de los combustibles. “Estamos pagando con vidas por este decreto, necesitamos que el Gobierno termine con este caos”, expresó.
Finalmente, Cárdenas anunció que finalizada la movilización se hará una verificación de los daños causados en estos días de paralización y se presentarán las denuncias a la Fiscalía para que investigue y emita las sanciones correspondientes.
Más incidentes
La tarde del sábado un grupo de 30 policías que salió a reforzar las seguridades en la cárcel regional Cotopaxi fueron retenidos por indígenas y les trasladaron hasta Saquisilí, con este grupo de uniformados hasta el día 12 de paralización suman 38 policías, tres militares y un civil retenidos, las autoridades realizan las negociaciones correspondientes para que sean puestos en libertad.
Según datos de la Gobernación de Cotopaxi, desde el 3 de octubre hasta la fecha se registra la liberación de 59 militares y policías a través de mesas de diálogo que los dirigentes indígenas han mantenido con Jorge Miño, gobernador de Cotopaxi.
Los destacamentos de Policía de Saquisilí, Pujilí, Salcedo y la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) Eloy Alfaro, han sido cerradas; desde el comando de Policía se atienden las emergencias que son despachadas a través del ECU-911. (MT/VHG)
Aún afectado, la mañana de ayer llegó hasta la sala de Seguridad Ciudadana del Municipio de Latacunga, Byron Cárdenas, acalde de Latacunga, quien dio una rueda de prensa para dar a conocer detalles de la retención de la que fue víctima el sábado en la tarde en el sector del intercambiador.
Dijo que se viven momentos críticos y difíciles, que pueden visualizar algunos intereses de ciertos sectores que se quieren aprovechar de la fortaleza del movimiento indígena en esta “manifestación justa” que se hace por el incremento en el precio de los combustibles, pero existen sectores que se quieren aprovechar de la buena fe que tiene el sector indígena y sacar de control la manifestación y deslegitimar el justo derecho a la protesta.
El sábado mantuvo una reunión en el cuartel de policía con el Ministro de Transporte Obras Públicas (MTOP), José Martínez, donde asistieron varios líderes del cantón y la provincia y ratificaron el pedido de que se derogue el decreto presidencial 883, para que se deponga la medida de hecho.
Al momento de pasar por el intercambiador de tránsito de Pujilí, mientras se dirigía a una reunión a Maca, donde mantienen retenidos a ocho policías, tres militares y un civil, detuvieron la marcha del automotor en el que se trasladaba, cuando se bajó de la camioneta vio un grupo de once personas que incitaban a retenerlo y fue llevado hasta una comunidad.
Luego de las negociaciones realizadas por dirigentes indígenas lograron que sea puesto en libertad en horas de la noche, durante este tiempo recibió amenazas de que podían atentar contra su vida si pasaba algo a cualquiera de las personas que se manifiestan en Quito.
Reiteró que quienes propiciaron el secuestro no eran del movimiento indígena sino más bien infiltrados que estaban provocando el caos.
Aseguró que nada detendrá su accionar como Alcalde de la ciudad y ayer realizó un recorrido por las fuentes de agua y los tanques, donde no se evidenciaron novedades, pero el Alcalde envió un oficio al Gobernador para que al estar el cantón en emergencia se disponga a los policías y militares el resguardo en edificios públicos, privados, lugares estratégicos de dotación de agua y luz eléctrica.
Exigió que no se vandalicen los bienes de la ciudad para no afectar a niños, ancianos y hospitales. “Hemos dispuesto la colocación de cámaras para monitorear las fuentes de agua y judicializar a quienes intenten afectar a la población”, añadió.
Además se refirió a la necesidad urgente de un diálogo entorno al decreto 883 y llegar a un acuerdo sobre el precio de los combustibles. “Estamos pagando con vidas por este decreto, necesitamos que el Gobierno termine con este caos”, expresó.
Finalmente, Cárdenas anunció que finalizada la movilización se hará una verificación de los daños causados en estos días de paralización y se presentarán las denuncias a la Fiscalía para que investigue y emita las sanciones correspondientes.
Más incidentes
La tarde del sábado un grupo de 30 policías que salió a reforzar las seguridades en la cárcel regional Cotopaxi fueron retenidos por indígenas y les trasladaron hasta Saquisilí, con este grupo de uniformados hasta el día 12 de paralización suman 38 policías, tres militares y un civil retenidos, las autoridades realizan las negociaciones correspondientes para que sean puestos en libertad.
Según datos de la Gobernación de Cotopaxi, desde el 3 de octubre hasta la fecha se registra la liberación de 59 militares y policías a través de mesas de diálogo que los dirigentes indígenas han mantenido con Jorge Miño, gobernador de Cotopaxi.
Los destacamentos de Policía de Saquisilí, Pujilí, Salcedo y la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) Eloy Alfaro, han sido cerradas; desde el comando de Policía se atienden las emergencias que son despachadas a través del ECU-911. (MT/VHG)
Aún afectado, la mañana de ayer llegó hasta la sala de Seguridad Ciudadana del Municipio de Latacunga, Byron Cárdenas, acalde de Latacunga, quien dio una rueda de prensa para dar a conocer detalles de la retención de la que fue víctima el sábado en la tarde en el sector del intercambiador.
Dijo que se viven momentos críticos y difíciles, que pueden visualizar algunos intereses de ciertos sectores que se quieren aprovechar de la fortaleza del movimiento indígena en esta “manifestación justa” que se hace por el incremento en el precio de los combustibles, pero existen sectores que se quieren aprovechar de la buena fe que tiene el sector indígena y sacar de control la manifestación y deslegitimar el justo derecho a la protesta.
El sábado mantuvo una reunión en el cuartel de policía con el Ministro de Transporte Obras Públicas (MTOP), José Martínez, donde asistieron varios líderes del cantón y la provincia y ratificaron el pedido de que se derogue el decreto presidencial 883, para que se deponga la medida de hecho.
Al momento de pasar por el intercambiador de tránsito de Pujilí, mientras se dirigía a una reunión a Maca, donde mantienen retenidos a ocho policías, tres militares y un civil, detuvieron la marcha del automotor en el que se trasladaba, cuando se bajó de la camioneta vio un grupo de once personas que incitaban a retenerlo y fue llevado hasta una comunidad.
Luego de las negociaciones realizadas por dirigentes indígenas lograron que sea puesto en libertad en horas de la noche, durante este tiempo recibió amenazas de que podían atentar contra su vida si pasaba algo a cualquiera de las personas que se manifiestan en Quito.
Reiteró que quienes propiciaron el secuestro no eran del movimiento indígena sino más bien infiltrados que estaban provocando el caos.
Aseguró que nada detendrá su accionar como Alcalde de la ciudad y ayer realizó un recorrido por las fuentes de agua y los tanques, donde no se evidenciaron novedades, pero el Alcalde envió un oficio al Gobernador para que al estar el cantón en emergencia se disponga a los policías y militares el resguardo en edificios públicos, privados, lugares estratégicos de dotación de agua y luz eléctrica.
Exigió que no se vandalicen los bienes de la ciudad para no afectar a niños, ancianos y hospitales. “Hemos dispuesto la colocación de cámaras para monitorear las fuentes de agua y judicializar a quienes intenten afectar a la población”, añadió.
Además se refirió a la necesidad urgente de un diálogo entorno al decreto 883 y llegar a un acuerdo sobre el precio de los combustibles. “Estamos pagando con vidas por este decreto, necesitamos que el Gobierno termine con este caos”, expresó.
Finalmente, Cárdenas anunció que finalizada la movilización se hará una verificación de los daños causados en estos días de paralización y se presentarán las denuncias a la Fiscalía para que investigue y emita las sanciones correspondientes.
Más incidentes
La tarde del sábado un grupo de 30 policías que salió a reforzar las seguridades en la cárcel regional Cotopaxi fueron retenidos por indígenas y les trasladaron hasta Saquisilí, con este grupo de uniformados hasta el día 12 de paralización suman 38 policías, tres militares y un civil retenidos, las autoridades realizan las negociaciones correspondientes para que sean puestos en libertad.
Según datos de la Gobernación de Cotopaxi, desde el 3 de octubre hasta la fecha se registra la liberación de 59 militares y policías a través de mesas de diálogo que los dirigentes indígenas han mantenido con Jorge Miño, gobernador de Cotopaxi.
Los destacamentos de Policía de Saquisilí, Pujilí, Salcedo y la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) Eloy Alfaro, han sido cerradas; desde el comando de Policía se atienden las emergencias que son despachadas a través del ECU-911. (MT/VHG)