Javier Espinosa
Analizando la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, las cooperativas de ahorro y crédito han sido creadas para beneficiar a sus socios -cuenta ahorristas e inversionistas-, a través de transacciones financieras, que incrementen un determinado capital.
Lastimosamente, está sucediendo todo lo contrario, pues hace pocas semanas, dos instituciones financieras cerraron sus puertas, dejando un grave perjuicio económico a cientos de personas que, atónitos, no avanzaban a reaccionar ante tal cruel realidad, que se repite nuevamente en la ciudad.
Resulta inaudito de creer, que hoy justamente cuando hay un órgano regulador, se presenten cierres intempestivos de cooperativas en todo el país. Por el contrario, muchas han resistido al paso del tiempo -Coopmego, Jep,- por citar algunas de ellas, sin necesidad de la «Superintendencia de Economía Popular y Solidaria».
No es posible que se permita la apertura de entidades financieras con capitales irrisorios y, muchas de las veces, ni siquiera con bienes inmuebles propios –edificios, infraestructura-; sin profesionales con capacidad para gerenciar y administrar los recursos de los socios y, sin un sistema de auditoría interna que permita evitar los créditos vinculados y demás actividades, muchas tachadas de ilícitas.
Gran parte de la culpa es, sin duda, de los organismos de control y por otro lado, la ingenuidad de las personas, que caen en estas redes, en donde se ofrecen intereses que sobrepasan el 12%, algo inaudito, en una economía tan endeble e inestable como la nuestra, y que debería ser la luz de alerta para no sucumbir ante tamaña tentación. Un alto interés, no es sino muestra de poca liquidez y representa un alto riesgo a correr. Nuestros representantes no se han pronunciado al respecto. Sordos, ciegos y mudos, transitan por los pasillos de la Asamblea Nacional, e incluso cobrando horas extras, por su «brillante desempeño”. (O)