Defensoría del Pueblo ‘reprobó’ frente a los derechos humanos

JUL, 21, 2018 |

AUTORIDAD. La defensora nacional del Pueblo, Gina Benavides, en su visita a Esmeraldas anunció cambios a favor de la comunidad, especialmente en temas de afectación colectiva.

En 20 años la Defensoría del Pueblo no ha presentado informes oficiales de derechos humanos. Se busca un cambio.

La defensora nacional del Pueblo, Gina Benavides, quien ayer estuvo de visita oficial en los cantones Esmeraldas y Muisne, lamentó y reveló que en 20 años la Defensoría del Pueblo no haya hecho pronunciamientos oficiales sobre las violaciones a los derechos humanos en el Ecuador.

Criticó que en las rendiciones de cuenta anuales se priorice la gestión, la cual no descalificó, pero está convencida que la prioridad debería estar enfocada en decir dónde están los problemas de los derechos humanos, cuáles son las políticas, normativas y cómo el Estado cumple con las observaciones que recibe de organismos internacionales de control y protección de derechos humanos.

Para no caer en la repetición, en su periodo transitorio que empezó en mayo y la ubicó como la primera mujer en ocupar ese cargo, está conformando en todo el país los consejos defensoriales con gente defensora de los derechos humanos y de la naturaleza.

Mapa de casos

De ellos espera recabar información que le permita crear una especie de mapa, en el que se precisen los lugares de violaciones, además, de cuantificarlos, “es una dura tarea”, reconoció la funcionaria.

“La Defensoría del Pueblo pasó mucho tiempo guardando silencio frente a las graves violaciones de derechos humanos. Desde mi gestión promoveré una práctica de pronunciamiento, obviamente, después del proceso de verificación”, detalló su plan, la defensora nacional del Pueblo, Gina Benavides.

Refirió que en sus evaluaciones a los colaboradores se ha encontrado con una estructura burocrática ‘pesada’, que ha hecho de la Defensoría una comisaría recibiendo mayoritariamente denuncias individuales, descuidando el problema estructural, por lo que ahora se trabaja para dar respuesta colectiva.

Para lograrlo –adelanta- va a tratar de desmontar una estructura de 10 años que ha sido montada casi como ministerio, creando confusión del rol de la Defensoría del Pueblo, de la que se ha creado en el imaginario que es la entidad responsable de aplicar y generar las políticas públicas, cuando en realidad su función es supervisarla, generar exhortos, recomendaciones, activar garantías jurisdiccionales.

Consejo Defensorial

En la agenda de reuniones de la Defensora Nacional del Pueblo, estuvieron los postulantes a ocupar un puesto dentro del Consejo Defensorial que tendrá como objetivo, entre otros, visibilizar las violaciones a los derechos humanos y a la naturaleza.

Entre los representantes que acudieron al salón de la Curia estuvieron de la iglesia, jubilados, ambientalistas y defensores de derechos humanos; además, de la sociedad civil, los que entre sus metas está frenar la minería a cielo abierto en los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, zona norte de la provincia de Esmeraldas. Al final se crearon consejos para la zona norte, el sur y otro para Esmeraldas y Quinindé.

Muisne pide ayuda para ser visibilizado

En la agenda de la principal autoridad nacional de la Defensoría del Pueblo, estuvo una reunión con muisneños que piden derogar la resolución 073 de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos de 2016, que declaró a la isla como de altísimo riesgo e inhabitable.
“No tenemos acceso a créditos, vivienda e incluso se nos quieren llevar el hospital”, forman parte de las quejas, según el muisneño Líder Góngora Farías, quien dice que su gente está con la convicción de no abandonar su terruño.
Para lograr la derogatoria, a través de argumentos legales y derechos humanos, desde hace dos semana se hace una investigación Defensorial en territorio de los pro y contras de la resolución. Para tal efecto se aplican dos líneas de trabajo: pedido de información a las entidades legislativas, administrativas y técnicas; la otra es, verificación para en máximo tres semanas tener un pronunciamiento oficial de la Defensoría.
“Lo que entendemos por ahora es que la resolución provocó una especie de abandono en temas de servicios a la isla de Muisne”, detalla Francisco Hurtado, adjunto de Derechos Humano y la naturaleza, quien es parte de los que investigan el tema en Muisne, basados en el pedido de los pobladores.

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