EDGAR QUIÑONES SEVILLA
Los acontecimientos surgidos a raíz de la expedición del Acuerdo Presidencial 883, mediante el cual el gobierno dispuso la eliminación de subsidios a los combustibles y otras medidas que afectan directamente a las clases populares, respondidos por los transportistas, los grupos indígenas y las centrales sindicales del país, con la paralización de la nación durante 11 días, han invitado a hombres y mujeres de todas las capas sociales a proponer medidas objetivas para promover la paz y la práctica de los derechos humanos en esta república.
La Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (Fenape) en su XVI Cumbre Nacional, verificada en Esmeraldas el 28 y 29 del mes pasado, en su Declaración, sugirió al gobierno no tomar decisiones que afectaren a las clases desposeídas de la nación, sobre todo aquellas que provocan el alza de los precios de la alimentación y los artículos de primera necesidad. No fueron escuchados los razonamientos de los comunicadores sociales y se sostuvo que las compensaciones equilibrarían la situación de los más pobres; se expidió el Decreto 883 y el estallido no se hizo esperar.
Menos mal que la ONU, la Conferencia Episcopal, las universidades Central, Católica, Salesiana y otras respetables instituciones, se hicieron presentes para intervenir como mediadores, recibiendo la aceptación para dialogar tanto por parte del oficialismo como de los sectores populares, quienes se sentaron a la mesa de intercambio de opiniones; se está encontrando las soluciones que pongan fin a las controversias y es de esperarse que situaciones tan delicadas como las vividas en los primeros días del presente mes no vuelvan a repetirse.
Muchos eruditos recomiendan que tanto los gobernantes como los dirigentes laborales y sociales, deben someterse de manera permanente a ejercicios prácticos de derechos humanos y conservación de la paz para poder llevar adelante su compromiso de administrar la cosa pública y otorgar el bienestar de los ciudadanos que dependen de sus decisiones.
En un pasado no muy lejano varias universidades e institutos superiores de enseñanza universal, han puesto sus aulas a disposición de conductores de los pueblos de diversas regiones del planeta, para actualizar sus conocimientos relativos a la administración de los Estados, a fin de que trabajadores y burócratas planteen con altura el cumplimiento de los derechos que les corresponde, mientras que quienes manejan las riendas de los territorios deben estar capacitados para cumplir los compromisos que las constituciones políticas de las naciones, en los 5 continentes, les han señalado.
EDGAR QUIÑONES SEVILLA
Los acontecimientos surgidos a raíz de la expedición del Acuerdo Presidencial 883, mediante el cual el gobierno dispuso la eliminación de subsidios a los combustibles y otras medidas que afectan directamente a las clases populares, respondidos por los transportistas, los grupos indígenas y las centrales sindicales del país, con la paralización de la nación durante 11 días, han invitado a hombres y mujeres de todas las capas sociales a proponer medidas objetivas para promover la paz y la práctica de los derechos humanos en esta república.
La Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (Fenape) en su XVI Cumbre Nacional, verificada en Esmeraldas el 28 y 29 del mes pasado, en su Declaración, sugirió al gobierno no tomar decisiones que afectaren a las clases desposeídas de la nación, sobre todo aquellas que provocan el alza de los precios de la alimentación y los artículos de primera necesidad. No fueron escuchados los razonamientos de los comunicadores sociales y se sostuvo que las compensaciones equilibrarían la situación de los más pobres; se expidió el Decreto 883 y el estallido no se hizo esperar.
Menos mal que la ONU, la Conferencia Episcopal, las universidades Central, Católica, Salesiana y otras respetables instituciones, se hicieron presentes para intervenir como mediadores, recibiendo la aceptación para dialogar tanto por parte del oficialismo como de los sectores populares, quienes se sentaron a la mesa de intercambio de opiniones; se está encontrando las soluciones que pongan fin a las controversias y es de esperarse que situaciones tan delicadas como las vividas en los primeros días del presente mes no vuelvan a repetirse.
Muchos eruditos recomiendan que tanto los gobernantes como los dirigentes laborales y sociales, deben someterse de manera permanente a ejercicios prácticos de derechos humanos y conservación de la paz para poder llevar adelante su compromiso de administrar la cosa pública y otorgar el bienestar de los ciudadanos que dependen de sus decisiones.
En un pasado no muy lejano varias universidades e institutos superiores de enseñanza universal, han puesto sus aulas a disposición de conductores de los pueblos de diversas regiones del planeta, para actualizar sus conocimientos relativos a la administración de los Estados, a fin de que trabajadores y burócratas planteen con altura el cumplimiento de los derechos que les corresponde, mientras que quienes manejan las riendas de los territorios deben estar capacitados para cumplir los compromisos que las constituciones políticas de las naciones, en los 5 continentes, les han señalado.
EDGAR QUIÑONES SEVILLA
Los acontecimientos surgidos a raíz de la expedición del Acuerdo Presidencial 883, mediante el cual el gobierno dispuso la eliminación de subsidios a los combustibles y otras medidas que afectan directamente a las clases populares, respondidos por los transportistas, los grupos indígenas y las centrales sindicales del país, con la paralización de la nación durante 11 días, han invitado a hombres y mujeres de todas las capas sociales a proponer medidas objetivas para promover la paz y la práctica de los derechos humanos en esta república.
La Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (Fenape) en su XVI Cumbre Nacional, verificada en Esmeraldas el 28 y 29 del mes pasado, en su Declaración, sugirió al gobierno no tomar decisiones que afectaren a las clases desposeídas de la nación, sobre todo aquellas que provocan el alza de los precios de la alimentación y los artículos de primera necesidad. No fueron escuchados los razonamientos de los comunicadores sociales y se sostuvo que las compensaciones equilibrarían la situación de los más pobres; se expidió el Decreto 883 y el estallido no se hizo esperar.
Menos mal que la ONU, la Conferencia Episcopal, las universidades Central, Católica, Salesiana y otras respetables instituciones, se hicieron presentes para intervenir como mediadores, recibiendo la aceptación para dialogar tanto por parte del oficialismo como de los sectores populares, quienes se sentaron a la mesa de intercambio de opiniones; se está encontrando las soluciones que pongan fin a las controversias y es de esperarse que situaciones tan delicadas como las vividas en los primeros días del presente mes no vuelvan a repetirse.
Muchos eruditos recomiendan que tanto los gobernantes como los dirigentes laborales y sociales, deben someterse de manera permanente a ejercicios prácticos de derechos humanos y conservación de la paz para poder llevar adelante su compromiso de administrar la cosa pública y otorgar el bienestar de los ciudadanos que dependen de sus decisiones.
En un pasado no muy lejano varias universidades e institutos superiores de enseñanza universal, han puesto sus aulas a disposición de conductores de los pueblos de diversas regiones del planeta, para actualizar sus conocimientos relativos a la administración de los Estados, a fin de que trabajadores y burócratas planteen con altura el cumplimiento de los derechos que les corresponde, mientras que quienes manejan las riendas de los territorios deben estar capacitados para cumplir los compromisos que las constituciones políticas de las naciones, en los 5 continentes, les han señalado.
EDGAR QUIÑONES SEVILLA
Los acontecimientos surgidos a raíz de la expedición del Acuerdo Presidencial 883, mediante el cual el gobierno dispuso la eliminación de subsidios a los combustibles y otras medidas que afectan directamente a las clases populares, respondidos por los transportistas, los grupos indígenas y las centrales sindicales del país, con la paralización de la nación durante 11 días, han invitado a hombres y mujeres de todas las capas sociales a proponer medidas objetivas para promover la paz y la práctica de los derechos humanos en esta república.
La Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (Fenape) en su XVI Cumbre Nacional, verificada en Esmeraldas el 28 y 29 del mes pasado, en su Declaración, sugirió al gobierno no tomar decisiones que afectaren a las clases desposeídas de la nación, sobre todo aquellas que provocan el alza de los precios de la alimentación y los artículos de primera necesidad. No fueron escuchados los razonamientos de los comunicadores sociales y se sostuvo que las compensaciones equilibrarían la situación de los más pobres; se expidió el Decreto 883 y el estallido no se hizo esperar.
Menos mal que la ONU, la Conferencia Episcopal, las universidades Central, Católica, Salesiana y otras respetables instituciones, se hicieron presentes para intervenir como mediadores, recibiendo la aceptación para dialogar tanto por parte del oficialismo como de los sectores populares, quienes se sentaron a la mesa de intercambio de opiniones; se está encontrando las soluciones que pongan fin a las controversias y es de esperarse que situaciones tan delicadas como las vividas en los primeros días del presente mes no vuelvan a repetirse.
Muchos eruditos recomiendan que tanto los gobernantes como los dirigentes laborales y sociales, deben someterse de manera permanente a ejercicios prácticos de derechos humanos y conservación de la paz para poder llevar adelante su compromiso de administrar la cosa pública y otorgar el bienestar de los ciudadanos que dependen de sus decisiones.
En un pasado no muy lejano varias universidades e institutos superiores de enseñanza universal, han puesto sus aulas a disposición de conductores de los pueblos de diversas regiones del planeta, para actualizar sus conocimientos relativos a la administración de los Estados, a fin de que trabajadores y burócratas planteen con altura el cumplimiento de los derechos que les corresponde, mientras que quienes manejan las riendas de los territorios deben estar capacitados para cumplir los compromisos que las constituciones políticas de las naciones, en los 5 continentes, les han señalado.