El silencio indolente

Diego Cazar Baquero

El pasado jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presidida por Esmeralda Arosemena, a través de su Equipo de Seguimiento Especial y su relator para la libertad de expresión, Édison Lanza, publicó el informe final sobre el secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio, en el 2018, en manos de disidencias criminales de las FARC.

Como lo reveló la investigación Frontera Cautiva de autoría de una alianza de periodistas colombo-ecuatoriana y su versión impresa Viaje sin regreso, así como el libro Rehenes, de Arturo Torres y María Belén Arroyo, la CIDH reitera que hubo descoordinación entre militares, y que eso pudo desencadenar el fatal final de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra.

Pero además revela que “no se ha proporcionado a la fecha información precisa del rol que cumplió el comité de crisis”, formado por el gobierno ecuatoriano, y habla de una demora en los trámites para la liberación mediante proceso abreviado de los tres miembros del Frente Oliver Sinisterra, por quienes alias ‘Guacho’ proponía canjear a los periodistas.

El representante legal de los familiares de las víctimas, Juan Pablo Albán, dijo que el caso “demanda colaboración mutua entre Estados” y “una investigación sistémica”. Es que las decisiones oficiales fallidas se unen a la falta de coordinación en las investigaciones de las fiscalías de Colombia y Ecuador. Albán pidió al Gobierno de Lenín Moreno convocar a sesión del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) y desclasificar todo lo concerniente al caso, pedido que la Fiscalía ya ha hecho y que ha sido desoído. En honor a la memoria de Javier, Paúl y Efraín, dijo Albán, “no podemos aceptar que este acto sea visto como un cierre (…) sino como una apertura a la verdad”.

La postura de la CIDH ahora es un exhorto a dos gobiernos que se desnudan como impávidos, por decir lo menos. Cerca de dos años después del asesinato de Efraín, Javier y Paúl, la CIDH corrobora un estilo de gobierno: los oídos sordos del cinismo y el silencio indolente como política de Estado.

[email protected]

Diego Cazar Baquero

El pasado jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presidida por Esmeralda Arosemena, a través de su Equipo de Seguimiento Especial y su relator para la libertad de expresión, Édison Lanza, publicó el informe final sobre el secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio, en el 2018, en manos de disidencias criminales de las FARC.

Como lo reveló la investigación Frontera Cautiva de autoría de una alianza de periodistas colombo-ecuatoriana y su versión impresa Viaje sin regreso, así como el libro Rehenes, de Arturo Torres y María Belén Arroyo, la CIDH reitera que hubo descoordinación entre militares, y que eso pudo desencadenar el fatal final de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra.

Pero además revela que “no se ha proporcionado a la fecha información precisa del rol que cumplió el comité de crisis”, formado por el gobierno ecuatoriano, y habla de una demora en los trámites para la liberación mediante proceso abreviado de los tres miembros del Frente Oliver Sinisterra, por quienes alias ‘Guacho’ proponía canjear a los periodistas.

El representante legal de los familiares de las víctimas, Juan Pablo Albán, dijo que el caso “demanda colaboración mutua entre Estados” y “una investigación sistémica”. Es que las decisiones oficiales fallidas se unen a la falta de coordinación en las investigaciones de las fiscalías de Colombia y Ecuador. Albán pidió al Gobierno de Lenín Moreno convocar a sesión del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) y desclasificar todo lo concerniente al caso, pedido que la Fiscalía ya ha hecho y que ha sido desoído. En honor a la memoria de Javier, Paúl y Efraín, dijo Albán, “no podemos aceptar que este acto sea visto como un cierre (…) sino como una apertura a la verdad”.

La postura de la CIDH ahora es un exhorto a dos gobiernos que se desnudan como impávidos, por decir lo menos. Cerca de dos años después del asesinato de Efraín, Javier y Paúl, la CIDH corrobora un estilo de gobierno: los oídos sordos del cinismo y el silencio indolente como política de Estado.

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Diego Cazar Baquero

El pasado jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presidida por Esmeralda Arosemena, a través de su Equipo de Seguimiento Especial y su relator para la libertad de expresión, Édison Lanza, publicó el informe final sobre el secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio, en el 2018, en manos de disidencias criminales de las FARC.

Como lo reveló la investigación Frontera Cautiva de autoría de una alianza de periodistas colombo-ecuatoriana y su versión impresa Viaje sin regreso, así como el libro Rehenes, de Arturo Torres y María Belén Arroyo, la CIDH reitera que hubo descoordinación entre militares, y que eso pudo desencadenar el fatal final de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra.

Pero además revela que “no se ha proporcionado a la fecha información precisa del rol que cumplió el comité de crisis”, formado por el gobierno ecuatoriano, y habla de una demora en los trámites para la liberación mediante proceso abreviado de los tres miembros del Frente Oliver Sinisterra, por quienes alias ‘Guacho’ proponía canjear a los periodistas.

El representante legal de los familiares de las víctimas, Juan Pablo Albán, dijo que el caso “demanda colaboración mutua entre Estados” y “una investigación sistémica”. Es que las decisiones oficiales fallidas se unen a la falta de coordinación en las investigaciones de las fiscalías de Colombia y Ecuador. Albán pidió al Gobierno de Lenín Moreno convocar a sesión del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) y desclasificar todo lo concerniente al caso, pedido que la Fiscalía ya ha hecho y que ha sido desoído. En honor a la memoria de Javier, Paúl y Efraín, dijo Albán, “no podemos aceptar que este acto sea visto como un cierre (…) sino como una apertura a la verdad”.

La postura de la CIDH ahora es un exhorto a dos gobiernos que se desnudan como impávidos, por decir lo menos. Cerca de dos años después del asesinato de Efraín, Javier y Paúl, la CIDH corrobora un estilo de gobierno: los oídos sordos del cinismo y el silencio indolente como política de Estado.

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Diego Cazar Baquero

El pasado jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presidida por Esmeralda Arosemena, a través de su Equipo de Seguimiento Especial y su relator para la libertad de expresión, Édison Lanza, publicó el informe final sobre el secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio, en el 2018, en manos de disidencias criminales de las FARC.

Como lo reveló la investigación Frontera Cautiva de autoría de una alianza de periodistas colombo-ecuatoriana y su versión impresa Viaje sin regreso, así como el libro Rehenes, de Arturo Torres y María Belén Arroyo, la CIDH reitera que hubo descoordinación entre militares, y que eso pudo desencadenar el fatal final de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra.

Pero además revela que “no se ha proporcionado a la fecha información precisa del rol que cumplió el comité de crisis”, formado por el gobierno ecuatoriano, y habla de una demora en los trámites para la liberación mediante proceso abreviado de los tres miembros del Frente Oliver Sinisterra, por quienes alias ‘Guacho’ proponía canjear a los periodistas.

El representante legal de los familiares de las víctimas, Juan Pablo Albán, dijo que el caso “demanda colaboración mutua entre Estados” y “una investigación sistémica”. Es que las decisiones oficiales fallidas se unen a la falta de coordinación en las investigaciones de las fiscalías de Colombia y Ecuador. Albán pidió al Gobierno de Lenín Moreno convocar a sesión del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) y desclasificar todo lo concerniente al caso, pedido que la Fiscalía ya ha hecho y que ha sido desoído. En honor a la memoria de Javier, Paúl y Efraín, dijo Albán, “no podemos aceptar que este acto sea visto como un cierre (…) sino como una apertura a la verdad”.

La postura de la CIDH ahora es un exhorto a dos gobiernos que se desnudan como impávidos, por decir lo menos. Cerca de dos años después del asesinato de Efraín, Javier y Paúl, la CIDH corrobora un estilo de gobierno: los oídos sordos del cinismo y el silencio indolente como política de Estado.

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