IBARRA.
El Tribunal de Garantías Penales de Imbabura (TGPI), el 15 de septiembre, lo declaró prófugo de la justicia a A.T., ex director Administrativo del GAD Municipal de Ibarra.
El Tribunal ofició al Jefe de la Policía Judicial de Imbabura, para que proceda a la localización y captura, quien fuera sentenciado a un año de privación de libertad por el delito de estafa.
Prófugo
“… De la razón sentada por el actuario de esta judicatura se desprende que el sentenciado T.R.A.A, con cédula de ciudadanía 100162401-2, no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en providencia del martes 12 de septiembre del 2017, a las 14:39. En consecuencia, una vez que ha fenecido el término de 72 horas se lo declara prófugo de la justicia…”.
A.T. fue acusado de haber estafado al menos a cinco personas junto con el ex Director de Seguridad del Municipio, R.P., quien fue detenido por la policía, y tras pagar una pena salió en libertad.
Casos
El modos operandi de los funcionarios, según las personas perjudicadas, fue de solicitar carpetas para ingresar a puestos de trabajo de la nueva administración municipal.
Junto a los documentos habilitantes para ocupar una supuesta vacante, se entregaban 3.000 dólares en efectivo. En el proceso investigativo, la Fiscalía reunió varios documentos, videos, testimonios y fotografías que probaron el delito de estafa.
Una vez que cayó R.P, en manos de la justicia, se vinculó a A.T., quien continuaba ejerciendo sus funciones. A raíz de este problema renunció para defenderse del juicio.
El Juez de primera instancia, que conoció el caso, lo llamó a juicio y el Tribunal de Garantías Penales lo encontró responsable del delito y lo condenó a privación de libertad.
Sin embargo, la Sala Multicompetente lo declaró inocencia. El caso fue a casación a la Corte Nacional de Justicia y emitió un fallo negando este recurso presentada por la acusación particular; y, se declara de oficio a una año de privación de libertad.
A.T., a través de su abogado defensor Iván Durazno, presentó una acción extraordinaria de protección porque estaban seguros de que se han violado, por acción y omisión, derechos reconocidos en la Constitución.
Sentencia
Hace varios meses, la CNJ, emitió una sentencia, de un año de prisión, de forma verbal, pero semanas después el veredicto llegó de manera motiva y por escrito.
Los perjudicados piden la devolución de su dinero, porque los ahora sentenciados nunca cumplieron con el trabajo ofrecido. “Teníamos la seguridad de que una acción extraordinaria de protección no suspende la pena”, comentó uno de los estafados que pide eficiencia a la Policía Judicial en la localización y captura. (RPCH)