Imbabura
El Tribunal de Garantías Penales de Imbabura (TGPI) sentenció a 29 años cuatro meses de privación de libertad a M.A.P.Q., quien fuera encontrado responsable de violación de su hermano menor de seis años.
El art. 171, numeral 2 y 3 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), exige la máxima pena por varias agravantes, entre las cuales consta el ser menor de edad.
Además, en la sentencia se ordena una indemnización a la víctima de este delito sexual de 10.000 dólares y una multa de 600 salarios básicos unificados del trabajador en general.
El suceso habría ocurrido, según los informes periciales, debido a las precarias condiciones en las que viven y en las que se encuentra la familia, que no han sido descubiertas con oportunidad.
De esta situación se conoció recién el 3 de marzo del 2016, en donde el menor manifiesta a su madre que le duele la barriga.
Según consta en el proceso judicial, la progenitora lo llevó al Centro de Salud más cercano para que su hijo sea atendido, pero al ser revisado por el médico de turno, el niño manifestó “que siempre le dolía su barriga cuando le violaba su hermano mayor”.
Con esta información, el médico procede a la revisión y valoración del menor, así como la constatación del delito.
Instrucción fiscal
A partir del chequeo médico se inician las indagaciones legales. Posterior a ese trámite los especialistas presentaron sus informes con los cuales la Fiscalía solicitó a un juez de lo penal una orden de detención del responsable.
El 12 de octubre de 2016 fue capturado el responsable del delito sexual. A partir de la fecha se realiza la instrucción fiscal para recabar información previa necesaria que conduzca al esclarecimiento de los hechos.
El autor de este delito penal se dedicaba a la agricultura y residía en una comunidad de Otavalo. En cuanto a los hechos, el ahora sentenciado niega haberlos cometido y dice no recordar nada de lo suscitado porque se encontraba en estado etílico.
Además, dicha persona tuvo otro proceso por abuso a su hermana hace siete años y por el cual también paga una condena.
Los padres del menor son alcohólicos y tienen discapacidad del habla y oído, es decir sordomudos, quienes reciben el Bono de Desarrollo Humano. En sí, es un hogar disfuncional en donde el ambiente familiar del niño no es el adecuado, según las autoridades.
El menor se encuentra en una casa de ayuda, lugar donde le brindan asistencia y se le otorga tratamientos psicológicos.
El primer informe realizado por parte de la psicóloga verifica que el menor presenta rasgos de un estrés postraumático, rasgos de un trastorno de las emociones e inestabilidad emocional, lo cual es característico de personas víctimas de violación.
Ahora el procesado se encuentra privado de su libertad en la cárcel de la ciudad de Ibarra donde deberá cumplir la segunda sentencia sin rebaja por tratarse de un delito sexual. (ABL – RPCH)