Ibarra
Mientras un grupo de transportistas de varias modalidades mantenía una sesión de coordinación, en la sede del servicio de buses urbanos San Miguel de Ibarra, ayer la Gobernadora de Imbabura, Marisol Peñafiel, dijo que el diálogo con los gremios no se agotará.
Alrededor de 20 transportistas discutieron de manera reservada lo que ellos denominan una posición estratégica frente al pronunciamiento de Álvaro Guzmán, principal de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT); Ángel Loja, viceministro de Obras Públicas y Transporte Terrestre; y, la gobernadora, tras una reunión el viernes último en Quito.
Transportistas divididos
Los gremios del transporte y los diferentes servicios mantienen organizaciones con diferente criterio frente a lo que sería la nueva Ley de Tránsito, que rige para todos los ecuatorianos.
Las tres autoridades en mención, Guzmán, Loja y Peñafiel, aclararon las versiones de los transportistas imbabureños que llevaron a cabo una paralización de actividades de casi 10 horas el pasado jueves 15 de noviembre, que ocasionó molestias en la ciudadanía, el comercio y los estudiantes, que vivieron un día de alteraciones en el desarrollo de sus actividades, después de casi 10 años sin este tipo de paros.
Edgar López, gerente de Movidelnor, se ratificó en el acuerdo público firmado el día del paro. “Las reuniones para superar las diferencias deben ser públicas y con la presencia de las bases del transporte, y debe realizarse hasta este viernes 24 de noviembre”.
La gobernadora de Imbabura sostuvo que no tiene competencias para influir en la legislación sobre la nueva ley, cuyo primer debate se encuentra suspendido en la Asamblea Nacional.
“Hasta la Asamblea se han presentado 36 proyectos de ley por diferentes vías y representaciones, de los cuales la comisión ocasional que conoce el tema recogió los criterios más importantes y elaboró un informe para debate, el cual se encuentra suspendido”, dijo la autoridad.
Pedidos de la transportación
Si los gremios del transporte de Imbabura y Carchi tienen elaborada una propuesta, pueden presentarla como manda la Constitución, por iniciativa ciudadana o a través de los legisladores.
Los transportistas piden que se derogue la legislación contenido en parte en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), donde se sanciona por una sola infracción con multa, pérdida de puntos en la licencia y cárcel. Quieren que se elimine de las normas la persecución y no se los ponga en la lista de los más buscados.
También piden que los radares no sean un sistema de espionaje para sacar dinero mediante multas. “Deben estar colocados en forma pública, no escondidos en las curvas”, dijo un conductor.
Ante el reclamo de las unidades de transporte comunitario, Peñafiel insistió que no existe ningún permiso de operación otorgado en la provincia, pero reconoce que hay unidades que operan apartados de la ley.
“Continuaremos con los operativos de la Policía Nacional, los Agentes Civiles de Tránsito, el Ejército, entre otras instituciones que cooperan, para no permitir el trabajo apartado de la ley”, sostuvo Marisol Peñafiel.
Serán recibidos en Quito
Mañana, varios transportistas de Imbabura serán recibidos en la comisión ocasional de la Asamblea Nacional. Se conoció que el asambleísta Fafo Holguín concedió la comparecencia ante un oficio enviado por la Gobernación de Imbabura el pasado 7 de noviembre.
“No existe la coherencia, organización, ni la unidad para pensar en un nuevo paro provincial como el del pasado jueves 15 de noviembre”, dijo un chofer profesional que pidió no ser identificado, pero que está al tanto de los acuerdos y divergencias entre transportistas provinciales. (CHRW)