En Ibarra, en las calles Pérez Guerrero, Obispo Mosquera, Sánchez y Cifuentes se encuentra a decenas de vendedores ambulantes. El control de las autoridades choca con los mandatos de convenios y leyes internacionales.
Redacción IBARRA
El administrador de mercados de la ciudad, Pablo Torres, y el comisario municipal, Marcelo Pozo, tratan de buscar alternativas para regular la venta informal de toda clase de productos, principalmente, según mencionaron, por parte de cientos de extranjeros.
Sin embargo, se topan con los acuerdos internacionales sobre migración y la libre movilidad de los ciudadanos.
Miles de extranjeros llegaron al país, principalmente venezolanos, unos de paso a otros países del sur del continente y otros decidieron quedarse. Con su presencia algunas actividades se han alterado en la urbe, entre estas está el comercio informal y de los pequeños comerciantes, con mayor incidencia en las ciudades como Quito, Guayaquil, Ibarra, Esmeraldas, Tulcán, entre otras de las provincias cercanas a la frontera norte.
Torres es consciente de que en Ibarra en el 2018 los comerciantes minoristas de los mercados del centro de la ciudad han bajado ostensiblemente las ventas. Incluso afirma que algunos están en la quiebra debido, principalmente, a que los migrantes se han tomado algunas calles, venden más barato y no pagan ningún impuesto.
“En este último año aumentó el tema de competencia de vendedores de la Sierra centro, como de Cotopaxi, Chimborazo, de Guayaquil y extranjeros que llegan a la ciudad a vender un sinnúmero de productos en las calles y cerca de los mercados, en grave perjuicio de los minoristas y autónomos”, dijo.
Acuerdos y control
“Ya no se puede decir que la actividad en las calles de los migrantes es tan ilegal, porque ellos están protegidos por las leyes internacionales o convenios entre naciones sobre movilidad humana y derechos humanos”, explicó el funcionario.
Por temporada de Navidad y fin de año han proliferado las ventas en las inmediaciones de los mercados Amazonas, La Bahía y la Playita. Según Torres, el 90% son extranjeros de Venezuela.
Este fenómeno, según explicó, se debe a varias circunstancias, en primer lugar porque la Ley de Movilidad Humana les permite el libre ingreso al Ecuador, porque los acuerdos internacionales señalan que es obligación recibir a los migrantes, y la ayuda de organizaciones no gubernamentales (ONG) les otorga algunas herramientas de trabajo, como carritos móviles con los que salen y se toman las calles para vender sus productos.
A parte de esto, a veces reciben apoyo para que emprendan pequeños negocios, en su mayoría en la informalidad.
En las calles se puede apreciar venta de comida, verduras, ropa, zapatos, entre otros productos. Los que apoyan esta situación no piensan en el ordenamiento e imagen de la ciudad, creen que las calles son un mercado, afirman las autoridades.
“Cientos de personas ya no ingresan a los mercados porque encuentran todo a la mano. Y como tienen la pésima costumbre de obtener todo a la mano, la situación empeora”, dijo Torres.
Cuestionan
Varias familias que subsisten de la venta en las calles, principalmente en época navideña y de fin de año, cuestionan la actitud de los agentes de seguridad municipales, que dicen reprimen a los ecuatorianos más no a los extranjeros, que están protegidos por las leyes internacionales.
Torres manifestó que representantes de 31 organizaciones de comerciantes dialogaron con la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, para buscar una alternativa mediante la legislación y hacerle conocer la inconformidad con el tema migratorio, porque de lo contrario dicen el sector de comerciantes minoristas y autónomos ecuatorianos va a la quiebra.
Marcelo Pozo, comisario municipal, dijo por su parte que ha puesto en conocimiento de los agentes de control y seguridad municipal para que busquen la manera de evitar el expendio de alimentos en las calles o alrededor de unas 200 unidades educativas sin que porten un permiso.
Se torna muy difícil, dijo Pozo, porque la ciudad cuenta con 110 agentes, de los cuales 30 son operativos. “Lo que hemos hecho es tratar de normar en las mañanas para que no se salga de control”.
“Por nuestra parte no hemos emitido ni un solo permiso, entonces queda en manos de los agentes que procedan a retirar a las personas”, afirma, pero reconoce que sí han hecho el trabajo, que dura únicamente 20 minutos y los vendedores vuelven al mismo sitio.
Hizo un llamado a los padres de familia para que eduquen a sus hijos y no adquieran productos en la calle, en razón de que si en el peor de los casos adquieren una enfermedad o intoxicación por comida por ejemplo, no hay a quién denunciar. (CHRW)
CARAS
“Hemos protestado por la informalidad de migrantes, porque ellos no pagan impuestos como nosotros y venden lo mismo a menor precio”. Laura Proaño – Comerciante de calzado de La Bahía
“Vendo aquí en esta vereda secadoras, enchufes, extensiones, brujitas…, pero me ha ido mal en este año por la presencia de venezolanos que son protegidos, mientras que nosotros perseguidos por los municipales”. Luis Cruz – Vendedor autónomo