Redacción IMBABURA
El Consejo de la Judicatura inició un sumario administrativo en contra de Wilmer T., agente fiscal de Imbabura, quien está acusado de una presunta violación a una mujer con discapacidad. Así lo informó la presidenta del organismo, María del Carmen Maldonado Sánchez, durante la visita que efectuó a las dependencias judiciales de la provincia en este semana.
Maldonado explicó que actuaron en el caso mencionado ya que quienes presidían el Consejo de la Judicatura anterior no emprendieron ninguna acción. “Además iniciamos un proceso administrativo en contra de las autoridades anteriores de la Dirección Provincial y la investigación hacia los fiscales provinciales que actuaron mientras se mantenía la prisión preventiva del fiscal Wilmer T.”.
Las autoridades nacionales explicaron que está claro el luchar contra la corrupción en actos evidentes, determinantes, por lo que se hace necesario el control disciplinario.
De la misma manera, se hizo un llamado a la comunidad para denunciar actuaciones que devengan en actos disciplinarios desde los servidores judiciales.
Sobre el caso del fiscal otavaleño, el delito se habría consumado en diciembre del año anterior.
Marco R. y Wilmer T. recibieron prisión preventiva, acusados de un presunto delito de violación. Los hombres fueron señalados como involucrados en un supuesto ataque sexual cometido contra una mujer de 30 años de edad, quien además posee poco más del 50% de discapacidad física.
Audiencia de juzgamiento
Desde el lunes de la presente semana se instaló la audiencia de juzgamiento. La convocatoria estaba prevista que se aperture a las 08:30. Se instaló, pero posteriormente se suspendió por motivo que no se presentó el abogado defensor de Marco R.
Por la tarde se retomó la diligencia. Ayer continuó con las recepciones de testimonios y presentación de pruebas a puerta cerrada, por considerarse un delito sexual.
Los acusados estuvieron siempre custodiados por un guía penitenciario. En el receso de ayer, sobre las 13:00, al trabajador del Ministerio Público se lo notó con un semblante tranquilo.
La fiscal que lleva la causa explicó que el proceso del fallo continuaría hasta el cierre de la jornada y que confiaba en su presentación investigativa a fin de esclarecer los hechos.
El Tribunal de Garantías Penales, conformado por Leonardo Narváez como juez ponente, Lenin Cruz y Diego Chávez, sería el que delibere y pueda entregar el fallo pertinente en la causa del delito de acción pública.
Antecedentes
El delito se denunció en la intersección de las calles Sucre y Capitán Espinoza de los Monteros, en el barrio Los Ceibos.
Según Ana Luisa C., madre de la presunta ofendida, ella acudió hasta su propiedad situada en la dirección antes indicada, hasta donde llegó para alimentar a la mascota que reside en el lugar.
La ciudadana afirmó a los policías, que tomaron el caso, que el inmueble pasaba semi abandonado por cuanto se encuentran realizando labores de construcción y porque en días anteriores ingresaron a robar.
Los uniformados del servicio urbano, Policía Judicial, acudieron al sitio, encontrando a los presuntos involucrados y a la aparente víctima.
En los expedientes consta que el acontecimiento se dio en el inmueble, porque los sujetos habrían solicitado a Johanna A. ir al lugar para que les prestara el inodoro.
Según la información, los acusados refirieron que se encontraban con la mujer ingiriendo licor desde la tarde del 23 de diciembre. Wilmer sostuvo por su parte que él se quedó dormido en el carro y que el que ofendió a la mujer fue su amigo Marco.
En la audiencia de flagrancia se determinó presunta responsabilidad de ambos ciudadanos y fueron apresados. (APLA)
Judicatura enfocada en resolver delitos de violencia
La vocal de la Judicatura, Patricia Esquetini, señaló que las visitas realizadas a las provincias de Imbabura, Carchi, Santa Elena, Guayas, Manabí y Azuay, sirvieron para el fortalecimiento de las unidades judiciales que conocen los casos de violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.
En el caso de Imbabura, el cantón Cotacachi contará con una trabajadora social; Ibarra tendrá un médico, una psicóloga y una trabajadora social; y, en Otavalo también se incorporará una psicóloga.
“Estamos completando los equipos técnicos, lo cual permitirá que se atienda en menos tiempo y de manera efectiva a las víctimas de violencia”, sostuvo la vocal.
La dependencia, a través de sus funcionarios, se comprometió a dar un seguimiento permanente de los hechos de violencia sexual contra los grupos vulnerables para conocer los nudos críticos que deben resolverse con jueces y operadores de justicia para mejorar la atención.
En esa misma línea, la vocal Esquetini explicó que, junto con las direcciones de Gestión Procesal y de Tecnologías de la Información, se desarrolla un sistema informático que permitirá solicitar medidas de protección administrativas para víctimas de violencia.
Otra estrategia es la capacitación virtual y presencial, en el que su objetivo es que jueces, fiscales, defensores públicos, trabajen en casos prácticos y armonicen criterios.
“Estas son algunas de las estrategias que estamos desarrollando”, concluyó.