Les preocupa las irregularidades detectadas por Contraloría en proyecto minero Llurimagua

Preocupación. Ayer, en Quito, dieron una rueda de prensa donde abordaron el tema Llurimagua y el informe final de Contraloría sobre el proyecto minero.
Preocupación. Ayer, en Quito, dieron una rueda de prensa donde abordaron el tema Llurimagua y el informe final de Contraloría sobre el proyecto minero.

Redacción IMBABURA

Ayer, en Quito, el colectivo ‘Caminantes’ organizó una rueda de prensa para dar a conocer su preocupación por el proyecto minero Llurimagua, ubicado en la zona de Íntag, cantón Cotacachi.

Expusieron que desde 2018, la Contraloría General del Estado analiza una serie de irregularidades denunciadas por comunidades y organizaciones sociales respecto de varios proyectos de minería a gran escala, en Ecuador. Tal es el caso del proyecto Llurimagua, acerca del cual la Contraloría ha emitido su informe final.

“El proyecto minero Llurimagua, ubicado en la zona de Íntag, está a cargo de la Empresa Nacional Minera (Enami) y de la Corporación Nacional de Cobre de Chile (Codelco), empresa que, hasta la presente fecha, ha financiado la mayoría de las actividades exploratorias que se llevan a cabo desde 2015”, expusieron.

Se dijo que las actividades mineras realizadas al margen del control de las entidades gubernamentales, han devenido en una serie de irregularidades legales y de atropellos a los derechos humanos. “Esto ha sido tan grave, que la Contraloría General del Estado ha determinado 12 irregularidades, concluyendo en su informe final que la concesión minera Llurimagua debió haber sido revocada”.

Durante el periodo analizado entre el primero de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017, la Enami incumplió con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y no contó con la autorización del Ministerio del Ambiente (MAE), según Contraloría.

El informe detalla que un total de 60 árboles nativos fueron talados para la apertura de las trochas y de las plataformas de exploración. La falta de evaluación y control generó el incumplimiento de medidas de prevención y mitigación y por lo tanto no se aplicó las sanciones administrativas para suspender o revocar la licencia ambiental.

“El MAE, además, aprobó el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental sin los parámetros locales que permitieran la descripción y la caracterización del área del proyecto”, expuso ayer José Cueva.

“Manifestamos nuestra preocupación por las constantes ilegalidades y graves atropellos cometidos contra los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, y por la falta de control a las entidades gubernamentales”, dijo.

“Exigimos el cumplimiento inmediato de todas las recomendaciones que la Contraloría General del Estado establece en su informe, que muestra, de manera detallada, el grado de incapacidad del Estado para regular y controlar las actividades mineras en el país”, agregaron desde ‘Caminantes’.

“El colectivo, junto a actores de Íntag, solicita a esta institución tomar las medidas pertinentes para que se cumplan a cabalidad las observaciones en relación al proyecto Llurimagua y a los demás proyectos a gran escala, cuyas evaluaciones e informes están en proceso, por parte de la Contraloría General del Estado, en Azuay, Zamora Chinchipe y Morona Santiago”, finalizaron. (DLH)