LA VIOLENCIA SE IMPONE A LA JUSTICIA Y LA RAZÓN

Cuando eso sucede, no hay que dudar ni un instante en poner punto final a una situación de esta naturaleza. Los sucesos de los últimos meses en las poblaciones asentadas en el valle del Chota, han quebrado la seguridad y la paz de la provincia de Imbabura. Jamás se han dado acontecimientos tan graves como los que vienen ocurriendo desde el mes de agosto del 2018.

Muy aparte de la presencia de la etnia predominantemente afro ecuatoriana de estas poblaciones, se debe analizar con profundidad lo que se ha venido fraguando en la última década, causada por la desatención a la economía regional, a las secuelas de la migración de Colombia y Venezuela escenario enmarañado de la narco guerrillera y el contrabando habitual, añadiendo a esto, las actividades de la minería informal, que han creado una situación explosiva y peligrosa.

Hay que estar claros que los sucesos de Mascarilla, son realmente graves por la cadena de delitos que han generado como: la agresión criminal a la fuerza pública, el forzamiento e incendio de instalaciones y vehículos policiales y el robo y destrucción de sus implementos que, hasta la fecha, no tienen la apropiada acción de las autoridades nacionales y locales; esto es, la sanción ejemplar a los verdaderos responsables. Tenemos solamente la injusta condena a un policía, forzada por la alevosía de la turbamulta y el temor de quienes están obligados a imponer la justicia y el orden público.

¿Qué sucedió con el furibundo sujeto que se paseó con su camión por el parque Pedro Moncayo después de golpear un agente de tránsito? Aquí nada ha pasado: la bestialidad sigue imperando y, los agentes del orden, condenados al peligroso juego del gato y el ratón con terrible desventaja.