Álvaro Castillo: ‘Viene la etapa más complicada, desalojar los equipos utilizados de manera ilegal en Buenos Aires’

Entrevista. Álvaro Castillo, gobernador de Imbabura, en su despacho en Ibarra informó a La Hora los pormenores del operativo en Buenos Aires.
Entrevista. Álvaro Castillo, gobernador de Imbabura, en su despacho en Ibarra informó a La Hora los pormenores del operativo en Buenos Aires.

Redacción IBARRA

Las intervenciones en Buenos Aires, cantón Urcuquí, prosiguen hasta despejar todas las dudas sobre la existencia del trabajo irregular.

Luego del Estado de Excepción, esperan que la empresa dueña de la concesión minera mantenga la seguridad con personal privado.

Álvaro Castillo, gobernador de Imbabura, dialogó con La Hora para exponer las últimas novedades en torno al tema Buenos Aires.

¿Cómo se encuentra al momento el tema minero en el sector de Buenos Aires?

La verdad es un tema complicado, pero nuestros policías y Ejército han cumplido una labor importante, propiciada por la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior.

¿Qué se viene ahora?

Ahora viene la etapa más complicada, que es desalojar totalmente todos los equipos, materiales e instrumentos que han sido utilizados de manera ilegal. Para eso, el Ministerio de Obras Públicas está coordinando para el arreglo de las vías de acceso para que puedan embarcar la maquinaria.

¿Qué se constató como evidencias relevantes en el lugar?

Hubo la existencia de transformadores. Pude conversar con el presidente ejecutivo de Emelnorte, porque nuestra preocupación fue la instalación de esos artefactos y habilitación de redes de energía eléctrica. Se presume que podrían ser transformadores que en algún momento fueron sustraídos en la empresa, pero se debe constatar.

Se puede decir que es fácil identificar. Cada máquina posee una placa, que es como el chasis de un vehículo.

¿Hubo gran cantidad de material y accesorios para operar ilegalmente?

Se contabiliza aproximadamente que hay 100.000 bultos en la zona incautados, lo que da unas 2.300 toneladas de material. Se está buscando un sitio de almacenamiento para el proceso legal. Hubo no más de cinco autos incautados, ‘handies’ de comunicación, motores, plantas eléctricas, combustible.

La pregunta es: ¿cómo se permitió el ingreso de este material a la zona? ¿Se presume que existen autoridades en complicidad para abastecer el lugar ilegalmente?

Este aspecto es netamente de investigación. Prosigue el director nacional de Operaciones de la Policía Nacional, por lo que los efectos colaterales van a durar un tiempo más y tenemos que aprender a vivir con ellos.

Las instancias superiores han dispuesto todas las acciones para investigar cómo, cuándo, de dónde, esta zona fue abastecida de gas, energía, combustible y todo lo que ha significado la minería ilegal.

¿Luego del trabajo policial y militar, que pasará en la zona que está afectada ambientalmente?

Le hemos dado al MAE un plazo de cinco semanas para que puedan entregar la evaluación de los impactos que ha provocado la explotación ilegal. Toca ver a qué acuerdos se llega con la empresa concesionaria.

Ahora se ha coordinado con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Banecuador, MIES, que deberán actuar para tratar de normalizar las actividades de la zona.

La gente de Buenos Aires, ¿cómo puede volver a la su vida antes de la minería ilegal?

Había una asociación de 80 personas que se dedicaban a sacar leche. Quedaron en 30 o 40 y se fueron a desarrollar el trabajo minero. Actualmente tienen que volver. Pero ante esa situación, Buenos Aires va adquiriendo su connotación natural; pero esos son los problemas, se debe reactivar las iniciativas agrícolas.

¿La seguridad uniformada hasta cuándo permanece en la zona?

Continúa la presencia militar. La semana pasada hubo un relevo con personal proveniente de una de las provincias del centro del país. Por el Estado de Excepción, que dura 60 días, debe estar vigilado.

Se ha gestionado con los ministerios de Energía y Minas y el subsecretario, para que se pueda aplicar lo que dice el contrato de concesión del área minera con la empresa australiana.

Claramente, en una de las cláusulas, indica que existe la obligatoriedad de la concesionaria de tener seguridad privada en la zona. Es decir se entregará el área afectada.

No sé si dentro de los dos meses sea suficiente para hacer ese trámite, pero la responsabilidad es de la empresa extranjera.

Se conoce extraoficialmente que las personas extranjeras que se encontraban en Buenos Aires ahora se trasladan a Íntag, ¿hay un contingente de seguridad ante aquello?

En el lugar del cantón Cotacachi existe presencia policial y militar. Yo he pedido a los tenientes políticos, presidentes de las Juntas Parroquiales, que nos envíen constancia, pero todavía no lo han hecho. Es decir no tengo los elementos para decir sí existe, no puedo dudar de lo que nos comenta la gente, pero no hay un solo reporte donde diga en tal punto, coordenada, están desarrollando otra vez minería ilegal. (APLA)