Debate sobre la bicameralidad

En el país se debate sobre otro tema, éstos no faltan, aunque es saludable la discusión, pero en buenos términos, no considerándole como un pugilato; así los ciudadanos conocemos el argumento en cuestión y ejercemos nuestro derecho de opinión, más aún cuando se trata de asuntos de importancia para un adecuado ejercicio legal y en general de desarrollo en muchos aspectos favorables para nuestro país. La Asamblea Nacional que es donde germinan las leyes y conceptualmente regula la conducta de las personas en una sociedad, equilibrando de esta manera un armónico convivir ciudadano, tiene la gran responsabilidad de editar las normas jurídicas de tal manera que estas se acaten estrictamente, no dejando vacíos que constituyen una traba o una indebida interpretación en el ejercicio jurídico.

Según prescribe nuestra actual Constitución, existe un solo estamento para legislar y fiscalizar, que como ya se la nombró es la Asamblea Nacional. Este poder del Estado a través de los años ha sido objeto de varias títulos, el más usual llamarle Congreso, en todo caso se lo haya denominado como sea, la misión de ésta queda expresada. Actualmente es objeto de polémica el que se haya presentado un proyecto de transformarle en bicameral, esto es crear dos cámaras: la de senadores y la de representantes (diputados). Los primeros estarían sujetos a un periodo de cuatro años y los segundos a dos años. ¿Existe una razón? Según los promotores del proyecto es conveniente dar luz verde a este propósito, pues significaría que al existir dos entes legislativos, el uno contraloría al otro y viceversa, así como una mayor eficiencia en la labor que implica ser senador o diputado. Actualmente si bien existen las Comisiones, estas son objeto de trabas politiqueras que no les permiten viabilizar un óptimo trabajo, razón para que en un mínimo porcentaje el pueblo esté conforme con la labor que desarrolla la Asamblea. Los demás la calificamos como no satisfactoria. La decisión está en los ecuatorianos, hacer desaparecer el famoso Consejo de Participación Ciudadana y retorne la potestad de los legisladores, que correspondería a los senadores, elegir con criterio y sensatez a nuestras autoridades nacionales.