POR: Ramiro Ruiz R.
¿Por qué el presidente de la Asamblea Nacional presentó la alternativa de una enmienda a la Constitución y quitarle algunas funciones al Consejo de Participación Ciudadana? El mensaje está claro, en el presidente no está la idea de eliminar al Consejo.
Por lo contrario, la defiende. No hay la conciencia que al Consejo le arrastraron de los cabellos de otro país destruido por dos populistas. En Ecuador cumplió con el propósito: la destrucción de la democracia y la protección a la corrupción. Borró la capacidad de pensamiento y de crítica de directivos y vocales. El presidente de la República los convirtió en muñecos.
Los funcionaron nombrados por el Consejo de Participación se especializaron en ocultar injusticias, festejar el soborno y las múltiples formas de corrupción. Y no satisfechos de la perversión, aprendieron a enorgullecerse de cada acto de concupiscencia. Peor todavía, persiguieron el pensamiento libre y ultrajaron las libertades. Entonces sería una decisión absurda mantener una institución deficiente que corresponde a mentalidades maléficas.
La defensa del Consejo parece una movida política para dejar a un lado responsabilidades y problemas. Es posible que para los vocales defenestrados y los actuales al país les vale poco, como a una mancha de mosquito.
Si pensamos en la justicia, la Asamblea debe cancelar las leyes que facilitan y protegen la corrupción y la delincuencia con la complicidad de muchas autoridades. Es de conocimiento público del trabajo tenaz de la judicatura con investigaciones a fondo. Pero los culpables no llegan a la puerta de los presidios. La montonera de leyes, la burocracia y la tentación de la compra de decisiones todavía están ahí, frescas.
Las respuestas del presidente de la Asamblea están asociadas al populismo, y algunos asambleístas aprovechan a la perfección. Sin embargo, se encuentran en efervescencia la ira y la impotencia de la ciudadanía, ante la falta de respuestas efectivas del Estado. Aumenta la inseguridad y el clamor por justicia. Por ahora la política legislativa muestra que un legislador puede ser punible.
La palabra “populismo” ha tenido muchos significados en la historia. Ahora básicamente es un adjetivo calificativo que se aplica a grupos y opiniones que buscan “soluciones fáciles a problemas difíciles, con el objeto de seducir a mucha gente y conseguir el poder, o simplemente la atención y el reconocimiento popular”.
Desde el punto de vista de esta realidad, no es criticable que la Constitución y las leyes sean populistas, sino que son de uso político, sea populista o plutocrático. El poder judicial es populista cuando no está diseñado para aplicar las leyes y controlar a la política.