Redacción IBARRA
Yordis Rafael Lozada Garcez se convierte en el séptimo procesado en recibir una pena privativa de libertad que supera los 34 años en Imbabura. Un total de 416 meses es el tiempo que el extranjero no volverá a ver nada más que barrotes y muros al despertar y antes de dormir.
El sujeto terminó con la vida de su pareja sentimental, Diana Carolina Ramírez Reyes, el pasado 20 de enero de 2019. Antes de matarla, la tuvo durante 90 minutos recorriendo las calles del centro de Ibarra, mientras ella era sometida con un cuchillo.
A través de video llamada, desde la cárcel de máxima seguridad de Latacunga, en Cotopaxi, el hombre escuchó por dos días a los más de 20 testigos que fueron convocados a esta diligencia, así como su condena.
Con una fría expresión en su rostro, Yordis escuchó el final del proceso.
Sentencia
La sentencia prácticamente estaba marcada. Ninguna posibilidad de salir bien librado de este suceso cobijaba al imputado. Al final de la diligencia legal, ayer, pasadas las 14:30, el Tribunal de Garantías Penales de Imbabura dio a conocer el veredicto final.
Diego Chávez, juez ponente, aseguró que haber hecho público el dictamen fue no solo dar a conocer la decisión penal, sino generar conciencia en la colectividad.
Explicó que, en los videos presentados, se escuchó por varias ocasiones cómo la misma ciudadanía que presenciaba el acto motivaba el crimen, con argumentos como: “mátala”, “qué esperas, dale, mátale”; situación que, a decir del jurisconsulto, no fue propicia, pues en el momento del suceso la adrenalina de los implicados es alta y no permite un pensamiento claro, además de convertirse en un irrespeto al procedimiento policial que en el momento se llevaba a efecto.
Un llamado de atención a la forma en cómo se manejó policialmente el acto también fue mencionado por el profesional, quien aseguró que deberá capacitarse a la Policía en cuanto al abordaje de este tipo de situaciones.
Entre la motivación de la condena, Chávez sostuvo que la muerte de la mujer fue la conclusión de un círculo de violencia, en el que Diana Carolina estaba acostumbrada a vivir.
Detalló que la víctima sufría del síndrome de la mujer agredida, no únicamente por causa del procesado, sino de una expareja y padre de sus dos hijos. Este argumento nació a partir de testimonios citados en la audiencia, que daban fe de que Diana Carolina no era feliz y que pasaba la mayor parte del tiempo sometida al poder de quienes fueron sus parejas sentimentales.
Adicional a ello, se expuso que el procesado estaba consciente del embarazo de su pareja y a pesar de aquello la asesinó. El funcionario emitió un severo rechazo no solo al machismo, sino a la denigración de las personas por su nacionalidad.
Por su parte, durante los dos días de audiencia, la fiscal especializada en violencia de género, María Bernal, presentó 26 testigos, entre policías, peritos, familiares de la víctima y personas que presenciaron el hecho.
También se expuso el protocolo de autopsia, que evidenció que, además de las heridas que le causaron la muerte, la joven tenía un golpe en la mejilla derecha, puesto que ese día, en la tarde, ya había sido agredida por Yordis, fuera del local donde trabajaba. Este hecho fue corroborado por testigos y ratificado por la Fiscalía.
La autopsia psicológica estableció que Diana Carolina era callada e introvertida, sufría depresión y ansiedad por el maltrato que soportaba. Esto lo confirmó la pericia de entorno social.
Tenía antecedentes en Venezuela
Por otro lado, la valoración psicológica efectuada a Yordis Rafael determinó que tiene rasgos de una personalidad antisocial.
La Hora pudo conocer que un año y seis meses de cárcel le fueron dictaminados al procesado en 2015, por violencia contra la mujer en su país natal, en Mérida. De ellos, purgó apenas unos meses y luego obtuvo libertad condicional, que además determinaba que debe recibir 12 charlas de sensibilización en materia de género.
Un documento expedido en aquel entonces por dicha unidad judicial y firmada por el coordinador de equipo interdisciplinario del circuito judicial de Venezuela, expone esta situación, que además muestra que Yordis tuvo de presentarse cada 30 días en el juzgado que conoció el caso, firmando documentos de registro de su asistencia. (MAGC)
Dinased fue clave
Los policías élite de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Extorsión y Secuestro (Dinased) de Imbabura, se encargaron no solo del aprehendido, sino de ir más allá de lo que todos conocimos a través de los videos del crimen, viralizados en las redes sociales.
La prolija labor investigativa permitió que se levantaran indicios clave, como obtener el arma homicida, la motivación del crimen, el círculo de violencia y todo lo que enmarcó a este brutal hecho, dando, a través de la Fiscalía, todo lo necesario para que los jueces observaran el cumplimiento de todas las agravantes constantes en el COIP, en cuanto al delito de femicidio, logrando que hoy, sobre el procesado, pesen más de 34 años de cárcel.
Condenas más altas en Imbabura
• 1. Juan Pablo S., 34 años 8 meses por parricidio (Fallecido por suicidio)
• 2. José Armando C. Z., 40 años por violación (Preso en Latacunga)
• 3. Mario Armando Q. P., 40 años por violación (Preso en Latacunga)
• 4. Manuel Gilberto G. N., 34 años por robo con muerte (Preso en Latacunga)
• 5. Carlos Vinicio M. M., 34 años por asesinato (Preso en Latacunga)
• 6. Juan Francisco M. M., 34 años por asesinato (Preso en Latacunga)
• 7. Yordis Rafael L. G., 34 años 8 meses por femicidio agravado (Preso en Latacunga)