A partir del miércoles 5 de junio, Ana Cristina Vivanco, se encuentra como Directora Regional de la Procuraduría General del Estado, función en la que espera contribuir con asesoría, consultoría y mediación.
La función de la Procuraduría General del Estado está alejada de la política, por lo que la designación de Ana Cristina se debe a un perfil técnico que debe cumplir para el desarrollo y función en este caso de la Dirección Regional.
El procurador es el defensor del Estado respecto de las entidades públicas. Si tienen personería jurídica lo que hace es una supervisión de los procesos judiciales, mientras las entidades sin personería jurídica realizan una defensa activa de sus intereses, es decir, del patrimonio del Estado.
Ana Cristina Vivanco cuenta que no puede proporcionar mayores detalles en cuanto a procesos judiciales. Aunque no es secreto, pero de acuerdo al artículo 17 del reglamento de ética de funcionarios públicos de la Procuraduría la información debe ser reservada y con trato moderado, “respecto de cualquier caso será el juez respectivo el que emita un criterio particular”, sostiene.
Puertas abiertas
Referente a su accionar en la institución afirma que las puertas están abiertas para cualquier asesoría que deseen quienes estén al frente de las instituciones, también pueden acudir para hacer un trato coordinado para la defensa de los intereses del Estado y de su Patrimonio.
“Siempre que tenga que ver con control de legalidad, norma constitucional, asesoría a las instituciones públicas o privadas que tengan fin social”, expresa y agrega que también tienen la figura de consultoría, paralelo al hecho de mediación para resolver las controversias previo a que inicie un litigio.
Formación
Ana Cristina Vivanco es abogada, hizo su especialización y maestría en Derecho Tributario en la Universidad Andina en Quito. Tiene un perfil litigante y los últimos años fue procuradora de la administración tributaria en el Servicio de Rentas Internas (SRI).
EL DATO
Las aristas en las que trabaja es: patrocinio en defensa de los intereses del Estado, temas judiciales, consultoría y mediación.