Pablo Ruiz Aguirre
Se levantó pensando, tal vez, en pintar, en colorear su día. Tal vez en que tiene un par de tareas en su escuelita. Nunca supo que sus días no tendrían varios colores, sino tan solo el amargo y oscuro color que la vida adquiere cuando lo más íntimo de tu ser es tomado a la fuerza por alguien más.
“María”, podría estar jugando ahora. Tal vez, pensar en tener su fiesta de graduación como muchas niñas ahora lo desean. María podría recién estar decidiendo qué quiere ser de grande o soñando en cómo será su primer beso. Pero a ella le tocó cambiar el juego por la maternidad, el estudio por el trabajo, sus sueños por una vida adulta. “María” no pudo interrumpir su embarazo producto de la violación de su padrastro. El Estado, le obligó a crecer.
No es una novela, es una realidad que sucedió en Manabí y no aceptarla únicamente nos convierte en cómplices ¿Puede el Estado obligar a una niña a llevar su embarazo hasta el final aun cuando está en riesgo su vida? ¿Por qué una niña de once años no tiene la posibilidad de abortar de forma segura?, esto debemos preguntarnos. La violación y el embarazo adolescente son un problema de grandes consecuencias, sociales y psicológicas. El aborto es un problema de salud pública. Cada año, un promedio de 2.000 niñas menores de 14 años se embarazan en el país y el 80% es producto de una violación de un integrante del entorno familiar o social. Esos son los datos que revela el estudio “Vidas robadas”, desarrollado por la Fundación Desafío.
Días atrás la Asamblea Nacional debatió la despenalización del aborto por violación y este organismo tuvo la oportunidad histórica de defender las vidas de nuestras niñas y mujeres forzadas a ser madres aún después de que su integridad completa fue ultrajada por una violación. Días atrás el Estado tuvo la oportunidad histórica de defender las miles de niñas que han sido obligadas a ser madres, de aprender de las mujeres que han muerto en abortos clandestinos y que su deceso no haya sido en vano. Pero falló, como ya estamos acostumbrados.
Días atrás la Asamblea debió recordar que vivimos en un estado laico desde hace más de un siglo, y que cada uno debe guardarse el fuero interno, sus creencias, sus espiritualidades, para decidir sobre sí mismo y jamás imponerlas a los demás. Debió entender que decidir sobre las vidas de las demás personas, incluso sobre si una niña o mujer debe ser madre después de una violación, no nos hace pro-vida, tan solo delata el ego de que los demás hagan, digan y crean lo que uno hace, dice y cree, negando la realidad más allá del metro cuadrado de cada uno. Días atrás debió decidir por la libertad.
“Vivir una maternidad forzada, equivale a robar lo más preciado que tenemos los seres humanos, es robar el tiempo para soñar, desear, decidir y vivir la vida como uno quiere” Fundación Desafío. (O)