Rodrigo Santillán Peralbo

Más de un millón de jóvenes deambulan por calles, plazas, parques y polvorientos caminos porque, “no tienen oficio ni beneficio”. A ellos se les ha despojado del legítimo derecho a estudiar en una universidad pública y escoger con libertad la carrera que le confiera un título profesional. Frustrados, sin esperanzas, con ira acumulada, son una bomba de tiempo que, quizá, ya comenzó a expresarse.

Miles de jóvenes han sido desplazados de sus hogares si han tenido la suerte de “pasar las pruebas”, pero los burócratas decidieron la ciudad, la universidad y la carrera por la que pueden optar: si eligieron medicina le mandan a gastronomía, si querían ser ingenieros mandan a turismo, por ejemplo; si de Ambato le mandan a Cuenca, si de Quito, a Riobamba, si de Loja, a Tulcán, y así sucesivamente, hasta destruir la economía de los hogares y obligada separación. 

En síntesis, es una clara violación a los Derechos Humanos y a la libertad de elegir la carrera universitaria del gusto de la juventud. Se viola flagrantemente la autonomía universitaria, al tiempo que se irrespeta la lucha de los jóvenes para obtener el libre ingreso. Hace 50 años, una veintena de ellos fueron masacrados en Guayaquil, por militares y policías que cumplían órdenes de Velasco Ibarra. 

En el 2009 fue destruido el Conesup, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Fundacyt, Fundación de Ciencia y Tecnología fue reemplazada por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senescyt) que absorbió al Conesup. El Consejo de Educación Superior -Ces- “planifica, regula y coordina el Sistema Nacional de Educación Superior”. 

Senescyt y la supresión del libre ingreso es una herencia de Correa.  De urgencia se necesita una nueva Ley de Educación Superior que garantice los derechos de los jóvenes estudiantes.

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