Estado de derecho y educación

Santiago Pérez Samaniego

La grave crisis y convulsión social, política y económica que esta afrontando América Latina y el Caribe en su conjunto, probablemente es producto del debilitamiento del estado de derecho, del orden democrático, desconfianza en las instituciones o la justicia. Este problema regional se ha visto fortalecido e impulsado por fenómenos negativos como la corrupción, el tráfico de armas, drogas o personas, entre otras. Estas amenazas han frenado el desarrollo económico y humano de la población profundizando la pobreza, la violencia y la exclusión, impidiendo a los más desprotegidos disfrutar de sociedades pacíficas, inclusivas, equitativas, con salud y educación de calidad, bienestar o justicia social.

Naciones Unidas define al estado de derecho como “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos”.

La consolidación del estado de derecho en la región es fundamental para el bienestar y la democracia, en sociedades donde la corrupción, soborno o irrespeto a la legalidad son prácticas naturalizadas en la población. El informe sobre corrupción del Banco Interamericano de Desarrollo señala que la corrupción en la región representa unos 220.000 millones de dólares anuales.

La clave para mitigar el flagelo de la corrupción es empoderar a nuestros niños y jóvenes en la construcción de sociedades más humanas, pacíficas, resilientes, tolerantes, solidarias, empáticas, libres e inclusivas impulsando la educación para una ciudadanía comprometida con la democracia, con la promoción del estado de derecho, cultivando en ellos valores y principios relacionados con la justicia e igualdad ante la ley, respeto a los derechos humanos, creando una cultura de legalidad, impulsando así el fortalecimiento de sociedades más justas y democráticas. (O)

[email protected]

Santiago Pérez Samaniego

La grave crisis y convulsión social, política y económica que esta afrontando América Latina y el Caribe en su conjunto, probablemente es producto del debilitamiento del estado de derecho, del orden democrático, desconfianza en las instituciones o la justicia. Este problema regional se ha visto fortalecido e impulsado por fenómenos negativos como la corrupción, el tráfico de armas, drogas o personas, entre otras. Estas amenazas han frenado el desarrollo económico y humano de la población profundizando la pobreza, la violencia y la exclusión, impidiendo a los más desprotegidos disfrutar de sociedades pacíficas, inclusivas, equitativas, con salud y educación de calidad, bienestar o justicia social.

Naciones Unidas define al estado de derecho como “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos”.

La consolidación del estado de derecho en la región es fundamental para el bienestar y la democracia, en sociedades donde la corrupción, soborno o irrespeto a la legalidad son prácticas naturalizadas en la población. El informe sobre corrupción del Banco Interamericano de Desarrollo señala que la corrupción en la región representa unos 220.000 millones de dólares anuales.

La clave para mitigar el flagelo de la corrupción es empoderar a nuestros niños y jóvenes en la construcción de sociedades más humanas, pacíficas, resilientes, tolerantes, solidarias, empáticas, libres e inclusivas impulsando la educación para una ciudadanía comprometida con la democracia, con la promoción del estado de derecho, cultivando en ellos valores y principios relacionados con la justicia e igualdad ante la ley, respeto a los derechos humanos, creando una cultura de legalidad, impulsando así el fortalecimiento de sociedades más justas y democráticas. (O)

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La grave crisis y convulsión social, política y económica que esta afrontando América Latina y el Caribe en su conjunto, probablemente es producto del debilitamiento del estado de derecho, del orden democrático, desconfianza en las instituciones o la justicia. Este problema regional se ha visto fortalecido e impulsado por fenómenos negativos como la corrupción, el tráfico de armas, drogas o personas, entre otras. Estas amenazas han frenado el desarrollo económico y humano de la población profundizando la pobreza, la violencia y la exclusión, impidiendo a los más desprotegidos disfrutar de sociedades pacíficas, inclusivas, equitativas, con salud y educación de calidad, bienestar o justicia social.

Naciones Unidas define al estado de derecho como “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos”.

La consolidación del estado de derecho en la región es fundamental para el bienestar y la democracia, en sociedades donde la corrupción, soborno o irrespeto a la legalidad son prácticas naturalizadas en la población. El informe sobre corrupción del Banco Interamericano de Desarrollo señala que la corrupción en la región representa unos 220.000 millones de dólares anuales.

La clave para mitigar el flagelo de la corrupción es empoderar a nuestros niños y jóvenes en la construcción de sociedades más humanas, pacíficas, resilientes, tolerantes, solidarias, empáticas, libres e inclusivas impulsando la educación para una ciudadanía comprometida con la democracia, con la promoción del estado de derecho, cultivando en ellos valores y principios relacionados con la justicia e igualdad ante la ley, respeto a los derechos humanos, creando una cultura de legalidad, impulsando así el fortalecimiento de sociedades más justas y democráticas. (O)

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La grave crisis y convulsión social, política y económica que esta afrontando América Latina y el Caribe en su conjunto, probablemente es producto del debilitamiento del estado de derecho, del orden democrático, desconfianza en las instituciones o la justicia. Este problema regional se ha visto fortalecido e impulsado por fenómenos negativos como la corrupción, el tráfico de armas, drogas o personas, entre otras. Estas amenazas han frenado el desarrollo económico y humano de la población profundizando la pobreza, la violencia y la exclusión, impidiendo a los más desprotegidos disfrutar de sociedades pacíficas, inclusivas, equitativas, con salud y educación de calidad, bienestar o justicia social.

Naciones Unidas define al estado de derecho como “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos”.

La consolidación del estado de derecho en la región es fundamental para el bienestar y la democracia, en sociedades donde la corrupción, soborno o irrespeto a la legalidad son prácticas naturalizadas en la población. El informe sobre corrupción del Banco Interamericano de Desarrollo señala que la corrupción en la región representa unos 220.000 millones de dólares anuales.

La clave para mitigar el flagelo de la corrupción es empoderar a nuestros niños y jóvenes en la construcción de sociedades más humanas, pacíficas, resilientes, tolerantes, solidarias, empáticas, libres e inclusivas impulsando la educación para una ciudadanía comprometida con la democracia, con la promoción del estado de derecho, cultivando en ellos valores y principios relacionados con la justicia e igualdad ante la ley, respeto a los derechos humanos, creando una cultura de legalidad, impulsando así el fortalecimiento de sociedades más justas y democráticas. (O)

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