El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, dice también que las mineras vienen con un impacto negativo.
El defensor del Pueblo de Ecuador, Freddy Carrión Intriago, vino a Loja para mantener diálogos ciudadanos por la defensa de los derechos y así conocer las vulneraciones de los derechos humanos y de la naturaleza.
También, aprovechando su permanencia en Loja, que será hasta el martes 25, estuvo por Diario La Hora para compartir su criterio en torno a las problemáticas locales y nacionales.
¿Qué le preocupa a la comunidad lojana?
Son múltiples las preocupaciones, una tiene que ver con los servicios públicos ya que no se estaría cumpliendo el descuento del 50%, que por Ley de Adultos Mayores y de personas con discapacidad tienen derecho a recibir los descuentos en agua potable, energía eléctrica, telefonía, transporte y más.
Uno de los mayores problemas es con los afectados de las cooperativas de ahorro y crédito. Si bien existen procesos penales e inclusive con sentencias, muchas de ellas condenatorias para los estafadores, sin embargo, no se han devuelvo sus recursos.
No es algo que se pueda resolver de forma inmediata, porque está actuando la justicia. Hay que verlo desde un enfoque de vulneración y afectación de los derechos, por lo que hemos avocado estos conocimientos a las autoridades pertinentes.
Hay alrededor de 330 cooperativas que han cerrado sus puertas a nivel nacional.
¿Cuál fue el antes y después en derechos humanos, luego de las protestas de octubre?
Fue un punto de inflexión octubre, esto porque se venía almacenando tanta decepción, inequidad social, por lo que hubo dinámicas de explosión violentas, de rechazo, de reclamos por la situación económica que atraviesa el país.
Vimos situaciones violentas de afectaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas de Seguridad e incluso no han sido responsabilizadas, ni mucho menos establecidas las sanciones pertinentes.
Lo que nos preocupa de sobremanera, es que, no se siga hablando de las violaciones a los derechos humanos y se trate de derivar la discusión por el lado de un atentado a la estabilidad democrática o al sistema político democrático.
No se puede negar la violencia con la que actuaron ciertos manifestantes, lo que también debe ser sancionado.
¿Hubo lojanos que denuncien temas de violación de derechos en las protestas?
No se presentaron testimonio, de esta zona solo hubo de Cuenca (Azuay). Los reportes que tenemos es que no hubo mayor violencia.
¿Qué se conoce de los detenidos por las protestas en Saraguro en 2016?
Vimos que había un cierto sesgo de persecución. En Quito hemos visto que son varias organizaciones sociales de derechos humanos que están preocupadas por el nivel de intolerancia y de ataque en contra de los defensores de derechos humanos y de los derechos humanos.
Nos están tratando de silenciar, que no digamos nada, frente a las vulneraciones de sus derechos. Esta protesta fue criminalizada de parte del Estado, no se ha logrado establecer quienes fueron y porqué tipo de delito.
El Gobierno debería hacer una investigación seria y clara que determine las personas heridas y el número de detenciones arbitrarias e ilegales que se hicieron.
¿La Policía debe actuar con más rigurosidad para frenar el crecimiento de la delincuencia?
Nuestra preocupación es el ser humano. Los problemas que se generan a raíz de octubre (2019), y antes, tienen una serie de componentes que van con la discriminación por distintas razones.
La delincuencia siempre irá en incremento, porque son procesos sociales necesarios que se dan en cualquier sociedad. La delincuencia no solo es víctima de la sociedad y de ciudadanos extranjeros, sino por falta de políticas públicas en empleo, en valores, en educación.
Cuando hay un delito no interesa la nacionalidad, lo que importa es quién lo cometió y que pague por lo que hizo. Para eso se debe educar, desde los comunicadores.
¿En su caso también ha recibido amenazas por el trabajo realizado?
Es para preocuparse que hayan llamado a mi mujer y se genere miedo en la familia, ya que se advertía de una bomba; luego hubo un linchamiento mediático, además de llamadas amenazantes.
Esto se circunscribe en la actividad que hemos venido desarrollando a partir de octubre. Todo se activó desde el 14 de enero de 2020 cuando salió el informe en lo que se establece uso excesivo uso de la fuerza. Nos preocupa la situación de inseguridad que se viene manejando.
Seguiré trabajando, porque tengo el respaldo de mi familia, que es lo más importante; además porque muchas personas están esperanzadas en lo que estamos haciendo para ayudarles. Somos incómodos al poder.
¿Qué pasa con el hacinamiento en las cárceles?
Loja presenta un nivel de hacinamiento, como todos los centros de rehabilitación. Existen bandas al interior de las cárceles disputan poder. Incluso hoy (ayer) en el Centro de Turi murieron seis personas, víctimas de la violencia que impera, lo que es un control que deben priorizar el Estado, lo que no se hace.
¿En la provincia preocupa las concesiones mineras y la contaminación del río Puyango?
Conocemos de la contaminación del agua a través de las actividades mineras, existen problemas porque se están dividiendo poblaciones. Las mineras vienen con un impacto negativo en la naturaleza y el medio ambiente.
Aunque la actividad minera genera empleo tiene una ponderación mayor en nivel de riegos de contaminación.
La protesta que hicieron en Saraguro fue criminalizada por el Estado”
Freddy Carrión Intriago
Defensor del Pueblo de Ecuador.