Juan Pablo Díaz S.
El distanciamiento social como mejor herramienta para evitar los contagios de COVID19 ha hecho que por primera vez no usar transporte público sea una opción, esto en contradicción con lo recomendado técnicamente para mejorar la movilidad.
Esto genera dos problemas principales: El primero de tipo económico, como es de esperarse luego de dos meses de que las actividades de transporte público están detenidas y que el transporte comercial está trabajando a medio gas, muchas de estas empresas no ha podido realizar pagos a sus proveedores o acreedores. Esta “nueva normalidad” impedirá que las actividades de transporte tengan la misma intensidad, pues al contrario de lo requerido económicamente es necesario reducir la capacidad, e incluso generar nuevas rutas para poder entregar el servicio; en general parece que la demanda del servicio se ha reducido entre un 60 y 90% y que se verá reducida por algunos meses más, lo que a la postre crea el dilema de seguir operando el servicio o no, pues con menor demanda muchas de las rutas simplemente dejarían de ser rentables.
El segundo problema es la bioseguridad, no están claros cuáles serán los mecanismos en la ciudad para reducir los contagios, pues el uso de transporte público genera aglomeraciones. Aun cuando ya se han indicado algunas medidas como la desinfección de las unidades y terminales o reducción de la capacidad, es posible que se necesite mejor comunicación de protocolos para usuarios y operadores. Hoy más que nunca es necesario masificar los medios de pago electrónico, optimización de rutas para reducir distancias de viaje y maximizar ganancias, e implementar modos sostenibles de movilización como la bicicleta.