Redacción BABAHOYO
Los concejales Fabricio Orrala, Milton Villafuerte, Carlos Ayala y Jaccely Bustamante, mediante declaraciones públicas, revelaron su desacuerdo por el reinicio de la operatividad de fotosensores. No obstante, aseguraron que los otros cinco ediles también mantienen la misma postura, pero que lamentablemente el impedirlo no está dentro sus competencias, sino que es decisión del Alcalde.
Y es que, según Villafuerte, durante la fiscalización que se le realizó tanto al consorcio Cisvb (adjudicado para instalar fotosensores y foto multas en Babahoyo), así como a la Empresa Pública Terminal Terrestre, Transito y Seguridad Vial (Transvial), se detectaron muchas irregularidades, que, a criterio de ellos, son suficientes como para dar de baja todas las multas emitidas.
Además, lamentaron la falta de colaboración, tanto de Cisvb como de Transvial, respecto de la entrega de información para continuar con la investigación, pues aseguraron que se han cansado de solicitarles distintos documentos para llegar al fondo del asunto, pero desde diciembre que pidieron, hasta la fecha se les ha entregado.
Cuestionamientos
Los concejales aseguran desconocer la cantidad exacta de citaciones que han sido emitidas por parte de estos dispositivos, el margen de error de estos equipos, documento de aprobación para funcionar, entre otras cosas.
Por otro lado, Orrala cuestionó la fecha en la que se firmó el contrato y la fecha en la cual se obtuvo el RUC del Consorcio, pues señala que primero se hizo la firma y después se constituyó el Consorcio.
Otro de los puntos fuertes es que, de acuerdo con Orrala, la marca de los dispositivos de control con la que trabaja Cisvb, está caducado, según lo estipula el informe de homologación de la Agencia Nacional de Tránsito. “¿Cómo es que multaron entonces a tantas personas con dispositivos y sistemas caducados?”, objetó.
Jaccely Bustamante no entiende por qué en el mes de septiembre Transvial ejecutó a Cisvb un pago del 49 incluido IVA, pero en el mes de octubre es del 49% más IVA, es decir, un valor adicional. Tampoco entiende por qué se iniciaron las operaciones de Cisvb cuando ni siquiera existía la autorización del administrador del contrato.
Detalles
Carlos Ayala señaló que el contrato tiene al menos un 90% de irregularidades, según la investigación que han realizado, lo cual les ha permitido detectar inconsistencias y procedimientos lesivos para la ciudadanía en diferentes partes.
Los concejales indicaron que con todas estas pruebas ya existen suficientes elementos para empezar el proceso de terminación de ese contrato, peor lamentan que aún no se haya iniciado una demanda legal por parte del alcalde Carlos German, mismo que en días anteriores reconoció el que contrato fue firmado de manera “lesiva y mañosa”.
Los ediles reiteraron que ellos no tienen facultad para demandar, sino que le compete a German. “El representante legal es quien puede demandar la nulidad del contrato o darlo por terminado unilateralmente. Si yo fuese el Alcalde, ya lo hubiese hecho hace rato”, remarcó Ayala.
Toda la información sobre las irregularidades se la ha traslado a la Contraloría General del Estado, así como a la Comisión Nacional Anticorrupción para que se inicien las pericias pertinentes.
Asimismo, están a la espera de que la Defensoría del Pueblo presente su informe sobre la investigación que iniciaron, respecto a la vulneración de los derechos que sufrieron los ciudadanos tras haber sido multados por estos dispositivos, con altos valores. (NDA)