QUITO
El debate sobre la libertad de expresión se hizo presente durante la presentación en Ginebra del tercer Informe del Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se realiza cada cuatro años desde 2008.
Este lunes 1 de mayo, una delegación ecuatoriana encabezada por el canciller Guillaume Long quien destacó la promulgación de la Ley Orgánica de Comunicación desde 2013. “Con ella, se creó un sistema de comunicación que asegura no solamente el ejercicio del derecho a la comunicación, sino a la libertad de expresión así como el fortalecimiento de la participación ciudadana”, cita el informe.
El funcionario destacó la creación del Cordicom y la Supercom, encargados de reglamentar la operativización de las políticas públicas del sector, y la vigilancia, auditoría, intervención y control.
Como miembro de la ONU, Bélgica expresó su preocupación por la situación de defensores de derechos humanos y observo crecientes limitaciones a libertades de expresión y asociación. Por esto, recomendó a Ecuador revisar los Decretos Ejecutivos 16 y 739 acorde a estándares internacionales, así como el Código Penal y la Ley de Comunicación, para garantizar derechos y promover protección a periodistas y defensores de los DD.HH.
A Bélgica le preocupa además la criminalización de la protesta social y el uso de las figuras del sabotaje y terrorismo, dijo esperar que Ecuador invite a la Relatora Especial de la Libertad de Expresión de la CIDH al país y recomendó que derogue la legislación penal que criminaliza la expresión de ciudadanos.
Otros países como Canadá, Perú, Francia, Costa Rica, Estonia, Austria, Eslovaquia, Alemania, Luxemburgo y los Estados Unidos, se sumaron a las observaciones y recomendaciones de Bélgica en cuando a la eliminación de normativas que «criminalicen» el trabajo de los periodistas y la libertad de opinión.
Letonia, por ejemplo, recomendó derogar todas las disposiciones legales que contravengan las normas internacionales sobre libertad de expresión. Francia, que se garantice la independencia de los medios de comunicación y tomar las medidas necesarias para que la legislación nacional sobre el delito de honor y difamación no menoscabe la libertad de expresión.
Alemania, por su parte, recomendó asegurar que las disposiciones penales no sean utilizadas indebidamente para frenar la capacidad de los defensores de los derechos humanos u otros manifestantes de ejercer sus derechos a la libertad de expresión.
Por otro lado, Países Bajos consideró que la relación del Poder Ejecutivo con el Judicial «no cumple con los estándares internacionales de independencia de poderes».
Al respecto, España recomendó al Gobierno ecuatoriano profundizar las medidas para garantizar la independencia judicial. (LGP)