Solo una parte de la sentencia emitida en el 2012 por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que obligaba al Estado ecuatoriano a reparar los daños ocasionados por la extracción de recursos naturales en Sarayaku, ha sido cumplida.
En una rueda de prensa, habitantes de esa zona, acompañados de su abogado defensor, Mario Melo, demandaron que el Gobierno retire 1,5 toneladas de pentolita que permanecería enterrada en un radio de unos 20 kilómetros en el territorio de esta comunidad de la provincia de Pastaza.
Dijeron que se trata de un poderoso explosivo que pone en riesgo a quienes se dedican a la caza, la pesca y la recolección de frutos en esta parte de la Amazonia del país.
Para ellos es «irresponsable» que el presidente Rafael Correa haya declarado que los explosivos ya no existen porque se disolvieron o fueron vendidos a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Melo explicó que, hasta ahora, el Gobierno solo ha cumplido con el pedido de disculpas públicas a la comunidad y el pago de una indemnización de 1,3 millones de dólares.
Pero falta que, además de retirar el explosivo, se emita un reglamento para la consulta previa al que tienen derecho las comunidades afectadas por la explotación de recursos naturales. (RVD)