El cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela expresa los rasgos del autoritarismo y una mala política. Es un intento desmedido de imponer decisiones para combatir el contrabando y la movilización de grupos paramilitares, pero sin considerar el factor humano, ni el incremento de pobreza regional o las características y los efectos de la deportación forzada.
A propósito del fenómeno de El Niño, en Colombia al menos 300 municipios tendrán problemas de abastecimiento de agua. Unos 16 mil colombianos regresaron de Venezuela y 1.500 fueron deportados. La prensa colombiana registra incendios forestales y graves estragos en bosques y montañas y la producción agraria tendrá un decrecimiento hasta marzo del 2016.
La frontera con Ecuador muestra otra realidad desde la aplicación de las salvaguardias. El comercio exterior y el ingreso de divisas se intensificaron en los departamentos de Nariño y Tumaco. Mientras los colombianos venden en Venezuela, los ecuatorianos compran en Colombia. De hecho, los negocios ecuatorianos en Tulcán cierran y la producción textil de Atuntaqui, en Imbabura, se reduce.
Perú asegura que dejó de exportar a Ecuador 300 millones de dólares desde la aplicación de las salvaguardias y por eso acudió a un Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Las exportaciones peruanas bajaron un 9% entre enero y abril de este año, respecto a igual período del año pasado, según el Ministerio de Comercio del Perú.
Surgen múltiples reflexiones en torno a los factores ambientales y comerciales que de antaño se ha avizorado, pero que los gobiernos poco han hecho para corregir. Los ríos están contaminados, los incendios se multiplican, las erupciones no decaen y las zonas verdes de las ciudades no se arborizan. Cada país tiene que enfrentar mayor compromiso de sus autoridades competentes para que la gente no reciba esas moles de cemento, avenidas atiborradas de autos y un desempleo crítico que nadie lo para. La frontera viva siempre será un termómetro.
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