La memoria es débil y manipulable. Nadie puede olvidar que, con mucha propaganda, se intenta cada año desviar la atención sobre los bochornosos hechos del 30 de septiembre de 2010. Esta vez, las estatuas de Quito fueron cubiertas de negro y amanecieron con leyendas alusivas al asesinato de policías y ciudadanos después de un acto de irracionalidad y provocación política. Si se tratara de verificar el estado de la libertad de expresión, esta forma de vanguardia sería una evidencia de la situación de censura, una respuesta a la persecución de activistas que sufrieron sanciones administrativas y penales, y, un reclamo abierto a la indefensión jurídica de periodistas. Después de cinco años, el rechazo popular es incuestionable, masivo, y cualquier forma de revertir el poder político está bienvenido.
La marca gubernamental está obligada a transparentar sus actividades y la gestión pública. Quizá, por eso, el presidente Correa fue a estimular apoyos desesperados en las Naciones Unidas, en Nueva York, después de conocer que el Foro de Quito, por la libertad de expresión, le exigió responsabilidad del Estado y una justicia independiente y expedita en los procesos contra medios y periodistas. Esa pretendida disolución de Fundamedios, por difundir material de columnistas de opinión, traspasó fronteras, activó un freno internacional a raya y curvó la dirección tiránica. Marco Aurelio decía: “Lo que no es útil para la colmena no es útil para la abeja”.
Fundamedios monitoreó y registró las agresiones contra periodistas desde 2008 y le dobló el brazo al Gobierno porque contabiliza las veces que la Carta Democrática Interamericana fue violada. Esta saca a la luz que era necesario acudir al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo y a la Corporación Andina de Fomento para que se entienda que cuando no hay libertad de expresión, tampoco hay de pensamiento, de prensa, ni empresa. ¿Era necesario que 5 relatores de ONU y OEA se pronuncien en contra de la absurda disolución? ¿Y, tal vez, los medios incautados serán reprivatizados y esa ley de comunicación y superintendencia se ajustarán a la Declaración Universal y la Convención Americana de Derechos Humanos? ¿Renacerá el periodismo crítico, investigativo e independiente sin agresiones; y, las universidades crearán la cátedra de Chapultepec para explicar los principios y valores que sustentan la libertad de expresión? ¿Será posible?
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