El proyecto de Ley sobre Corresponsabilidad Ciudadana por la afectación del terremoto en el país, en estado de excepción, enviado por el Ejecutivo con el carácter urgente a la Asamblea Nacional, con la aspiración de reunir tres mil millones de dólares, que sumado a la crisis económica que afronta la Nación, aspira solucionar parcialmente la crisis de iliquidez.
El FMI pronosticó, antes del terremoto, una fuerte contracción de nuestra economía. Las cifras oficiales de desempleo no son halagüeñas y la falta de liquidez es angustiante. La suma de los impuestos anteriores y los nuevos hace que la sociedad sea sometida a una gran presión en lo que respecta a su economía familiar. La crisis no hubiera golpeado duramente a los pobres si el gobierno hubiera actuado con austeridad, ahorrando algunos “fonditos” durante la bonanza petrolera.
Ningún ecuatoriano puede negarse a ser solidario con la tragedia, aunque en el proyecto no se determina quién va a administrar el dinero. La actual crisis que afronta el país demanda del gobierno prever incentivos tributarios, austeridad, reestructuración de la deuda pública y vender determinados activos estatales.
Es un imperativo constituir el “fondo de reconstrucción” o un fideicomiso-que puede ser privado o público-conforme lo establecen los estándares internacionales a objeto de transparentar los recursos provenientes de contribuciones nacionales o extranjeras. El fracaso de la iniciativa Yasuní fue negarnos a instituir el fideicomiso que exigía la comunidad internacional para las donaciones.
La propuesta no le gusta mucho a un gobierno acaparador de todos los poderes del Estado, como tampoco al presidente le debe “incomodar la sociedad civil peormente debe tenerle cuidado” como lo expresó en el Vaticano. (O)