Carlos Freile
Los gobiernos totalitarios y autoritarios, sean fascistas o no, tarde o temprano meten mano en la justicia, la manipulan y la ponen a su servicio; para ello no necesariamente cambian los códigos legales, aunque prefieren hacerlo para curarse en salud, les basta controlar a los jueces, o por el temor o por el hambre, cuando no por la convicción de servir al “proyecto”. La historia de la administración de la justicia en estados como la Unión Soviética, la Alemania nacionalsocialista y la Italia fascista está llena de abusos rayanos en el ridículo y en el esperpento si no fuera por su despiadado desprecio por los derechos de los acusados y la sinvergüencería de los jueces.
El colmo del dominio del estado omnipotente se daba cuando hasta los supuestos abogados defensores apoyaban la acusación y exclamaban su indignación por tener que defender a tales alimañas enemigas del jefe supremo; el mejor ejemplo se dio en las conocidas “purgas de Moscú” de los años treinta, suficientemente documentadas. Estas fueron ignoradas, ocultadas y negadas por connotados intelectuales occidentales, para escarnio suyo imperecedero (Sartre, Aragon, Gide…).
En la Alemania hitleriana pasaba algo similar: los jueces servían al líder y al partido, llegaban al tribunal con las sentencias ya preparadas, gritaban, imitando servilmente a su mentor, se indignaban, actuaban como cómicos de cuarta y condenaban a muerte sin el menor remordimiento.
A esos extremos no se llega de golpe, sino de manera paulatina; en la actualidad no siempre es necesario encarcelar, pues la pena de muerte ha sido eliminada en casi todos los países, ni imponer astronómicas multas o compensaciones, basta provocar miedo. Este se ha convertido en el principal objetivo de las justicias instrumentalizadas: sembrar terror frente al estado autoritario, dueño de todo, respetuoso de nada. ¿Queremos esto para nuestra Patria? Pensemos con cuidado y valentía, los síntomas están presentes. No nos ceguemos como los intelectuales progresistas de los años treinta.