Kléber Mantilla Cisneros
Un mañoso concurso para la concesión de frecuencias de radio y televisión pretende configurar, al cierre del correísmo y en plena jornada electoral, el más grande monopolio mediático de la historia del país.
Fundamedios contabiliza 104 frecuencias, entre canales y radios FM y AM, que se otorgarían, a través de sociedades testaferro, al mexicano guatemalteco Remigio Ángel Fernández, apodado ‘El Fantasma’, propietario de la cadena regional Albavisión Comunicaciones LLC con sede en Los Ángeles, EE.UU. y oficinas en Madrid, Sao Paulo y Tokio y presencia en 15 más.
El mal uso del espectro radioeléctrico, los modelos de programación basura en televisión y la estrategia de señal de prueba para expandir el imperio de canales sensacionalistas y rentables de TV se usó hace poco en Venezuela y Nicaragua. En cambio, en Guatemala, esta cadena (dueña del diario quiteño El Comercio hace dos años) tiene una acusación por financiamiento ilícito en la campaña del Partido Patriota.
En junio pasado, después de diligencias, allanamientos y escuchas telefónicas en el denominado ‘Caso de la Línea en Guatemala’ esta entidad aparece junto a los financistas del presidente Otto Pérez Molina. Las autoridades abrieron el caso de corrupción ‘Cooptación del Estado’, que encontró un esquema financiero artificial desde 2008 y detectó una maquinaria de lavado de activos tras una red mafiosa con apariencia de legalidad durante la campaña electoral de Pérez Molina. El propietario de Albavisión consta en la lista de los ‘Papeles de Panamá’.
Por acá, un Régimen autoritario, arbitrario y demagógico solo puede perpetuarse tras una maquinaria propagandística descomunal sin rendición de cuentas, tras una ley de comunicación mordaza ajustada a los designios de una casta mercachifle sin sentido común, tras un dominio ilegal y artificial de medios incautados y tras un delirio acelerado por un posible fraude tecnológico ante una derrota próxima.
La vigente campaña sucia por ganar la presidencia está infectada con presencia y contenido de funcionarios públicos salientes y requiere inscribirse en el sistema de corrupción del correato.