Daniel Marquez Soares
Personas como Luis Chiriboga, el expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, o Carlos Pólit, excontralor, son huéspedes de las páginas judiciales. Antes de sus caídas, quienes los denunciaron enfrentaron demandas penales o sanciones de la Superintendencia de la Información y Comunicación.
El Estado se apresura a castigar con saña a los que juzga despedazadores de la honra ajena, pero cuando los propietarios de dichas honras terminan convertidos en reos o prófugos, nunca hay un “lo sentimos, nos equivocamos, ustedes tenían razón”. En nuestro entorno, el corrupto carece de sentido del decoro.
No importa que sus jugarretas sean un secreto a voces ni que su prestigio esté por los suelos ante la opinión pública: mientras pueda aferrarse a un par de tecnicismos jurídicos (decir, por ejemplo, que un documento no ha sido ejecutoriado y que puede haber sido obtenido ilegalmente) y ser indispensable para sus aliados políticos, seguirá ejerciendo sus funciones y desfilando por los medios.
Cada vez que un nuevo corrupto es desenmascarado, los líderes gubernamentales se juran sorprendidos. Sin embargo, las debilidades cleptómanas de los funcionarios que han venido cayendo en desgracia era conocidas de sobra por la gente y la opinión pública, ampliamente comentadas en reuniones informales y redes sociales. ¿Por qué estuvimos resignados a esperar que Panama Papers, Departamento de Estado Norteamericano y Operación Lava Jato vinieran a socorrernos?
Parte de nuestra prensa no es económicamente independiente del Estado, por lo que tenemos medios condicionados al momento de denunciar corrupción, o una prensa libre, pero carente de los recursos necesarios para investigar. Tampoco una elite judicial y policial temida, bien pagada, calificada y prestigiosa, como esa que saca a políticos y empresarios esposados en Corea o Brasil. No hay a quién acudir.
Algunos ven en esta sensación de desamparo el germen de una futura explosión; otros creemos que nos hemos convertido en uno de esos países pragmáticos, autoritarios y fatalistas cuya vida política funciona bajo una moral diferente a la de Occidente.