En el gobierno del estadista alemán, Otto Von Bismark, se creó en 1883 el seguro de enfermedad; un año después, un programa de indemnización a los trabajadores y en 1889 un seguro social para la vejez. Se procuraba impulsar el desarrollo del país promoviendo el bienestar de los trabajadores. Mucho tiempo después, en 1945, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 22 reconoce que “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social”.
En Ecuador, con el advenimiento del régimen liberal, se dictaron leyes destinadas a la protección de los empleados públicos, maestros, telegrafistas y dependientes del poder judicial. En marzo de 1928, Isidro Ayora, que había estudiado en Alemania, creó la Caja de Jubilaciones y Montepío Civil, Retiro y Montepío Militar, Ahorro y Cooperativa, como resultado de las reivindicaciones sociales planteadas por los militares protagonistas de la Revolución Juliana.
Luego de una larga historia de avances en esta materia, en la Constitución de 2008 se ratificó a la seguridad social como un derecho irrenunciable de todas las personas, deber y responsabilidad primordial del Estado, fundamentada en principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación. A la vez, se contempló que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas pueden contar con “un régimen especial”, reconociendo la naturaleza particular de dichas instituciones.
En contra de los principios enunciados, El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social enfrenta escándalos frecuentes de corrupción que escandalizan a la comunidad, y muestra proyecciones actuariales desalentadoras; lo que es peor, no quedan al margen de actuaciones turbias las instituciones del régimen especial, según informan los medios de comunicación refiriendo inversiones supuestamente fraudulentas, créditos escandalosos y contratos ilegales, mientras policías y militares en servicio pasivo reclaman desesperados en las calles el pago de sus pensiones.
En defensa de una seguridad que proteja eficientemente a todos los ecuatorianos, es indispensable que la totalidad del sistema sea sometida a una evaluación técnica e imparcial, para que se tomen medidas que permitan el cumplimiento del mandato constitucional de transparencia y equidad.