LIBER ANDRADE SALAZAR
Los edificios, salas de espera con pantallas de televisión, turneros, salas de audiencias tipo gringas; tantos jueces, fiscales, defensores públicos, ingenieros en administración de empresas, agrónomos y otros improvisados profesionales no afines al derecho dirigiendo el aparataje judicial; juicios orales no rápidos como por ejemplo el caso contencioso administrativo No. 17811-2017-00018 iniciado el 6 de enero de 2017 la audiencia preliminar se realizará el 8 de febrero de 2018; fallos orales y escritos contradictorios; recomendaciones del ejecutivo, otras funciones, parientes de funcionarios públicos pidiendo interceder con jueces o, funcionarios del mismo Consejo de la Judicatura ejerciendo tráfico de influencias; hicieron del nuevo modelo de gestión judicial, muerte de una crónica anunciada, así concebida por varios abogados en el verdadero ejercicio de la profesión.
Por ello, la credibilidad de la población en la justicia cayó a pique los últimos días, agravada con la filtración de varios correos electrónicos respecto de la vulneración del principio de independencia interna y externa como por la denuncia de varios jueces destituidos. De ahí que, pese a la austeridad económica que deben aplicar todas las funciones del Estado, el Consejo de la Judicatura ha impulsado la publicidad judicial para hacernos ver que “hacemos de la justicia una práctica diaria”, cuando sus resultados son letales en la salud democrática del Ecuador, más aún cuando nos aprestamos a observar investigaciones para sancionar o no a criminales de cuello blanco. Y, en este escenario, el Presidente de la República termina defendiendo al Presidente del Consejo de la Judicatura, quien aceptó haber intercambiado correos con el ejecutivo pasado; por eso, los pueblos del Ecuador deben exigir consulta popular ya!