Una selva de corrupción mantiene a Lenín Moreno acordonado entre cuentas en bancarrota y la ingobernabilidad de una Constitución que no le permite cambiar el sistema de designación de autoridades de control ni la estructura del poder mafioso de su entorno. El gobierno paga su propia desestabilización y se derrumba por las cabezas más peligrosas de una conspiración.
¿Cuánto es el gasto de la seguridad militar, en Bélgica, de Rafael Correa y por qué recibe sueldo aún Jorge Glas si no tiene funciones? ¿Que caiga primero el grupo económico Eljuri y los que faltan en la lista de Odebrecht? ¿Hasta cuándo las auditorías de mega-obras corruptas, con sobreprecios e irregularidades?
Uno: Yachay representa 347 millones de deuda con China; su infraestructura registra fallas en los cimientos de edificios. Faltan laboratorios y está paralizada pero acumuló denuncias por contratos disparatados, salarios sobrecargados a rectores y personal que cobraron desde el extranjero.
Hoy la universidad pública tiene que recibir una sobrepoblación de bachilleres inusual con reducción de presupuesto y en otra realidad. El libre ingreso no existe y durante una década se adoctrinó bajo una ideología falsa.
Las recetas populistas no calzan y el correato no permitió la autonomía universitaria ni aplicar otros modelos de autogestión, o diversificar propuestas desde una visión periférica de innovación de estudios desde la libre competencia.
Dos: la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas es otro fraude. Fue un pretexto para el saqueo de fondos públicos. Lo peor: esa ciudad carece de agua potable y registra contaminación ambiental sin estudios.
Tres: el Metro de Quito, obra faraónica del inicio del correato, a cargo de Odebrecht, debe parar. Su ruta cruza por sitios arqueológicos sagrados. Un delito que no prescribe jamás como la violación de Derechos Humanos. El castigo de violadores del patrimonio y el destructivo urbanismo enriqueció pocos clanes del correato macabro, ineficiente, irresponsable y obtuso.
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