La sentenciada se tomaba el nombre de su pariente para ofrecer cargos en el sector público.
Trece años y cuatro meses de privación de la libertad dieron a Paola Proaño Guevara, sobrina de la exministra de Salud Margarita Guevara, por haber incurrido en el delito de estafa al ofrecer puestos en la maternidad Luz Elena Arismendy, que empezó a operar en enero de 2016.
La procesada fue hallada culpable en calidad de autora, mientras que su cómplice Ángel Lanchi Cárdenas recibió una condena de 4 años, 5 meses y 10 días de privación de la libertad. Ambos están detenidos desde el 20 de septiembre de 2016.
En el informe pericial que consta en el expediente se concluye que el perjuicio económico causado a las víctimas de estafa suma 30.400 dólares, dinero que fue depositado en las cuentas bancarias de los dos procesados: 18.400 dólares en la de Paola Proaño y 12.000 dólares en la de su cómplice.
La primera no registraba actividad económica alguna al momento de la estafa mientras que su compañero se desempeñaba como empleado del IESS.
El hecho se hace público luego de que el mismo Ministerio de Salud y los afectados presentaran la denuncia en la Fiscalía sobre la supuesta estafa. El asambleísta de PAIS, Mauro Andino, también alertó de la situación.
Según esta denuncia, en marzo de 2016 se estaba reclutando personas para ofrecerles cargos públicos en la nueva maternidad del sur de Quito y a cambio se les exigía distintas sumas de dinero, dependiendo del cargo. La tarifa cobrada iba desde los 700 dólares a los 1.300.
Las investigaciones de Fiscalía establecieron que Paola Proaño se tomaba el nombre de su tía, la ministra de Salud, Margarita Proaño, para ofrecer los cargos públicos con nombramiento en la nueva maternidad de Quito y valiéndose de este parentesco familiar organizaba incluso charlas de capacitación para esos puestos de trabajo.
Con estos antecedentes, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha determinó que los procesados incurrieron en el delito de estafa (artículo 186.5 del Código Orgánico Integral Penal). La sentencia incluye una multa de 13 salarios básicos unificados (4.901 dólares) para cada uno y la devolución del dinero que las víctimas depositaron en sus cuentas. (LC)