La Asamblea tendrá un papel decisivo en la aprobación de las propuestas del Consejo Consultivo.
Con el cumplimiento de la primera etapa del trabajo del Consejo Consultivo Productivo Tributario y las mesas de diálogo, hoy se inicia una sistematización de las propuestas del empresariado que se extenderá hasta el 6 de octubre, cuando las propuestas finales deberán llegar a manos del Ejecutivo.
La Hora conversó con Miguel Ángel Puente, presidente de la Federación de Cámaras Binacionales de Ecuador (Fecade), quien también fue parte de estos diálogos y esto nos dijo.
¿Quién tendrá la última palabra en la ejecución de las propuestas?
Nosotros hemos aportado con ideas, pero la decisión final la tendrá el presidente, Lenín Moreno, una vez que haya recibido el informe el 6 de octubre. Él tendrá la potestad de ejecutar los temas que sean viables a través de Decreto Ejecutivo o a mediante la propuesta de reformas legales que deberán ir al debate en la Asamblea Nacional.
¿Qué determinará el éxito o no del Consejo Consultivo?
La Proforma Presupuestaria de 2018 que se presentará en octubre próximo, en la que podríamos tener señales más claras de hacia dónde va el Gobierno.
¿Qué esperamos de esa Proforma?
Esperamos ver reales señales de austeridad. La primera será en la toma de decisiones económicas del actual Presidente en el presupuesto de 2018, porque el de 2017 es un presupuesto heredado.
¿Qué medidas harían visible la austeridad?
Por ejemplo, la reducción de gasto en publicidad, movilización, de la optimización del tamaño del Estado y el gasto en personal.
¿Cuál es el segundo tema?
El proyecto de Ley que el Ejecutivo envíe a la Asamblea para tratar todos estos temas del Consejo Consultivo. Porque hay temas como las reformas tributarias que deben ser aprobados mediante reforma legal y eso solo lo puede hacer la Asamblea Nacional.
¿Y el papel de la Asamblea…?
Las reformas deberían aprobarse en la Asamblea hasta el 31 de diciembre de 2017 para que entren en vigor desde el primero de enero de 2018. Imaginemos que se remite el proyecto de ley a la Asamblea y no lo apruebe. La Asamblea tiene una misión histórica porque si la Asamblea traba, dificulta o no aprueba estos temas volveremos a cero. Esperemos que exista la suficiente sensibilidad para que sus votos no sean ideológicos sino pragmáticos.
Entre las propuestas que se hicieron aparece la eliminación de los subsidios al combustible…
Fue un tema que nació en el debate entre el sector privado y el público. Fue una sugerencia.
¿Se mantuvo esta propuesta?
Sí. No quedó como uno de los ejes principales, pero es uno de los temas que se ha planteado para el análisis, considerando que es el Ejecutivo quien debe analizarlo.
¿La propuesta del sector empresarial?
Una de las opciones es focalizar ciertos subsidios. No tenemos otra alternativa que tomar medidas de ajuste y esas medidas, muchas veces, no son populares pero pueden ser medidas que van a dar resultados inmediatos.
La eliminación del subsidio o de otros impuestos servirá al empresariado, pero serán menos ingresos para el Estado que se deberán buscarse de otras fuentes.
Debemos primero analizar el modelo que queremos desarrollar de aquí en adelante. Los últimos 10 años vivimos en un modelo que se sostenía en el gasto público, en la inversión del Estado en obras y también en el gasto corriente, con el engrosamiento de nóminas en las entidades del Estado. El presidente Lenín Moreno se ha dado cuenta que seguir bajo este camino no es lo adecuado y no es sostenible a largo plazo.
¿Se está reduciendo una carga tributaria al sector empresarial para trasladarlo a la ciudadanía?
No. Aquellos recursos que las empresas no van a pagar al Servicio de Rentas Internas (SRI) se tienen que trasladar a la generación de puestos de trabajo, compra de maquinaria para que se amplíe la planta, y cuando se amplíe la planta se va a tener que contratar más personal.
El concepto es que la plata que no va a destinarse al pago de impuestos, sea devuelta a la economía nacional. El modelo que se plantea es una economía basada en la producción del sector privado. Que este dinero que se deja de pagar al SRI debe servir como un combustible para la economía nacional, para la generación de empleo y el aumento de la producción. (LGP)