‘Capaya’ enfrenta primera audiencia tras acuerdo con Fiscalía

HISTORIA. Pareja se entregó a las autoridades tras una negociación de cooperación eficaz.
HISTORIA. Pareja se entregó a las autoridades tras una negociación de cooperación eficaz.

Desde mañana se reactivan los procesos judiciales por la traba de corrupción en Petroecuador.

El futuro del exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli, en el caso por el presunto peculado, se define mañana. En la audiencia preparatoria de juicio, el fiscal Hugo Pérez deberá sustentar su dictamen contra los cuatro procesados que quedan: Pareja Yannuzzelli, Germán Tapia Ayala y Álex Bravo, como exfuncionarios de Petroecuador; y, Jorge Vivar Quintero, como contratista.

Este caso es parte de la trama de corrupción en Petroecuador, pero tiene un ingrediente especial: Pareja Yannuzzelli, acudirá cobijado de la manta de la colaboración eficaz con la justicia, que le permitiría una sustancial rebaja en la pena, de hasta el 90%, en caso de una eventual condena de culpabilidad.

Reinaldo Zambrano, abogado de Pareja Yannuzzelli, dijo que su cliente no acudirá personalmente porque no está obligado. Dejó entrever que su cliente aún no ha dicho todo lo que sabe en el marco de la coloración eficaz, pero que eso no impide que se realice la audiencia.

Inicialmente, esta audiencia estaba prevista para el pasado 24 de agosto, pero se difirió porque el exministro cambió de abogado y pidió tiempo para preparar la defensa. Luego se fijó para el 13 de este mes, pero también se aplazó porque estaba pendiente la respuesta del Fiscal al pedido de cooperación.

El contexto

Este proceso penal tiene como sustento un informe de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal, sobre el contrato de servicios de recuperación de condensados en la refinería de Esmeraldas con la empresa Jorge Vivar Servicios, bajo la modalidad de giro específico de negocios, firmado el primero de abril de 2015.

El presupuesto referencial se fijó en 23’390.640 dólares, pero se terminó contratando por 27’115.344 dólares, lo que significa un incremento no justificado de 3’725.294 dólares. (LC)