Ruta del dinero

LIBER ANDRADE SALAZAR

Es la estrategia del ejecutivo para recuperar millones de dólares de las manos limpias y ardientes de los corruptos de la década anterior; debiendo el Estado impulsar juicios penales, civiles y administrativos; sin embargo, los jueces actuales no brindan garantía para efectivizar el poder sancionador del Estado, porque la mayoría responden a los intereses del anterior gobierno, ya que si bien es cierto hubo concursos de méritos y oposición, se conoce de listas negras y afines a los intereses gubernamentales, lo que amerita la cesación de funciones de todos los jueces nombrados desde el año 2012 a la presente fecha.

Los actuales jueces, sean de Corte Nacional, Cortes Provinciales, Tribunales Penales, Contenciosos Administrativos y Tributarios, Jueces de Unidades Judiciales en áreas penales, civiles, laborales, niñez y adolescencia, violencia intrafamiliar, etc, no cumplen con el mandato constitucional de ser jueces garantistas.

Por ejemplo, en Santo Domingo un Juez penal dentro de una acción de protección donde el legitimado activo reclamó violación del derecho a la defensa en la garantía del principio de competencia, rechazó la acción pese a que la Constitución determina que un ciudadano debe ser juzgado por juez competente y la Ley Orgánica de Salud establece las autoridades que deben investigar y aplicar una sanción de ser el caso; más, el juez en resolución dijo que rechazaba la acción porque la competencia devenía de un acuerdo ministerial.

Entonces, para que la ruta del dinero surta efectos, es imprescindible que los ecuatorianos exijamos que una pregunta de la consulta popular debe ser: declarar cesante los nombramientos de todos los jueces y volver a escribir la historia del Ecuador con jueces que coadyuven a la justicia y paz social.

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