Por: Manuel Castro M.
La dignidad es el decoro de las personas en el modo de comportarse. Si se duda con fundamento de un juez, fiscal, procurador, tales autoridades deben o renunciar o excusarse de conocer los casos que tienen que resolver. Desde luego para juzgar con acierto a una persona es necesario ante todo fiscalizar sus acciones de todos los días.
Resulta que el Fiscal General y el juez Miguel Jurado, quien llegó a la Corte Nacional en el 2015, tienen todo el derecho a ser leales, consecuentes con los amigos que les nombraron, pero es inaudito y nada ético que continúen en sus funciones tratando hoy por hoy ser objetivos e imparciales. Un poco de decoro les obliga retirarse, pues no es virtud ser veleta, sobre todo en casos en que está de por medio la justicia.
Una persona no puede ejercer la justicia si se duda de sus actuaciones, incluso debe abstenerse en caso de que exista una opinión pública que le presione o un partido o unos amigos a los cuales debe consecuencia. El juez Jurado el año pasado, con otros magistrados, desecharon la casación presentada por Pablo Chambers y Gerardo Portillo, quienes estudiaron el caso de Fabricio Correa, y ratificaron la pena de un año de cárcel. Ayer el magistrado Jurado arbitrario e injusto, hoy implacable, no es la condición que debe tener un juez.
El Fiscal General, ayer asesor del exresidente, hoy un acusador tibio ante el peso de las circunstancias, acusa al vicepresidente Glas por un delito menor, que posiblemente merecerá una pena como cómplice de un año y medio. Y olvida, oportunamente, los casos de corrupción evidentes denominados Mandariacu, Petrochina, Caminosca, Refinería del Pacífico, Yachay. Por dignidad debería retirarse, para que la duda no le ofenda, pues nada que se haga por simpatía, lealtad o gratitud obedece a ninguna ley moral.
Igual es el caso de los miembros del Consejo de la Judicatura. Por la lealtad partidista no han sido enjuiciados políticamente –no condenados, o sea continuarán en los cargos sin sonrojarse. Cometen aquí un “error inexcusable”, pues por hombría de bien, no deben continuar en tales funciones, con o sin consulta popular.