Uruguay en estos días investiga los malos manejos al interior de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland de Uruguay (Ancap). Ecuador es parte del expediente.
Uno de los supuestos logros del correísmo fue eliminar a los intermediarios el negocio petrolero. Ecuador hacia 2009 anunció que gracias a las alianzas estratégicas entre países amigos se podía hacer lo que diríamos un comercio o intercambio justo. Uno de los capítulos de esta cruzada fue con Uruguay. El 26 de enero de 2010, Petroecuador y la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland de Uruguay (Ancap) firman un convenio para que Uruguay se beneficie del crudo ecuatoriano con descuento (los precios diferenciales se establecieron por ambas partes) y que Ecuador reciba productos depurados en la refinería La Teja. Hasta allí todo suena bien, pero una de las primeras observaciones que se hicieron fue que la refinería uruguaya estaba diseñada para procesar crudos livianos (33 y 34 grados API), y no podía refinar el crudo ecuatoriano que es más pesado (19 y 24 grados API). Además de que La Teja ni siquiera cubre la demanda interna uruguaya.
La intermediación era el objetivo final de ese convenio. Así lo denunciaron ampliamente el exasambleísta Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio. En una carta amplía dirigida a José Mujica, en diciembre de 2011, Jiménez y Villavicencio cuentan cómo empresas estatales como Ancap, la venezolana Pdvsa o la mexicana PMI tienen trato con traders petroleros como la empresa holandesa Trafigura que “han dominado y pervertido” el mercado del petróleo por más de 20 años.
Según la denuncia, la uruguaya Ancap habría servido de fachada para que Trafigura comerciara el petróleo ecuatoriano, que obtenía a un costo menor por el acuerdo con Uruguay, a cambio Ecuador recibía los productos derivados de petróleo que le entregaba la misma intermediaria.
Cuando había transcurrido casi dos años de este intercambio, el entonces viceministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja, denunció (en un memorando fechado el 27 de septiembre de 2011) las irregularidades en el manejo externo de hidrocarburos y derivados y se empezó a analizar internamente la situación. Poco después, el expresidente Rafael Correa aceptó que el petróleo ecuatoriano era comercializado a otros países y decidió no renovar el acuerdo con Ancap para un tercer año.
El desvío del petróleo ecuatoriano
En ese momento se dijo que el 80% de la exportación petrolera a Ancap (un aproximado de 28 millones de barriles durante los dos años, más de lo que se había pactado en el convenio) tuvo como destino la costa oeste de Estados Unidos; mientras que el saldo fue distribuido entre Panamá y otros países de Centroamérica. A cambio, según las cifras de Petroecuador (mirar recuadro), se habrían recibido 22,7 millones barriles de derivados, sobre todo nafta.
Al comparar las cifras resulta que Ecuador entregó 1,27 barriles de crudo por cada barril de derivados. Sin embargo, para Correa, esta práctica de “triangulación” generada por Ancap no perjudicó al Estado ecuatoriano. Criterio que fue respaldado por el gerente de Comercio Internacional de Petroecuador, Nilsen Arias, en una sabatina de diciembre de 2011. Pero nunca se hizo una investigación en Ecuador sobre esto. (SCA)
El caso sí se judicializó en Uruguay
Uruguay sí investigó el caso y en estos días, la prensa uruguaya da detalles de la investigación judicial en torno al contrato por el que Ancap le compraba crudo a la estatal ecuatoriana Petroecuador a precios preferenciales. El diario El País de Uruguay cuenta que durante los ocho primeros meses de intercambio, Ancap operó sin contrato con Trafigura. En este tiempo las operaciones superaron los USD 700 millones. Trafigura se vio favorecida porque obtenía el petróleo a un precio menor al mercado. Ancap ganó el 0,10%.
La prensa uruguaya recoge la versión del exejecutivo de la empresa holandesa Trafigura, Nicolás Simian, quien participó en los negocios de intermediación de compra de petróleo entre Petroecuador y Ancap. Simian reconoce que «durante un período» los embarques de crudo «se efectuaron sin contrato».
La intermediación entre Petroecuador y Ancap comenzó en 2009, es decir antes de la firma del acuerdo entre Ecuador y Uruguay, cuando el ente uruguayo se comprometió a adquirir un gran volumen de gasoil para la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), pero luego disminuyó esa demanda. Ello significaba una serie de penalidades para Ancap. Por ejemplo, por demora diaria de un buque en el puerto de Montevideo se debía pagar entre USD 20.000 y USD 25.000, declaró el exejecutivo.
En aquel momento, Ecuador era un importante importador de gasoil. Ancap tenía este contrato con otras empresas que no podía cumplir ni recepcionar. A raíz de eso, es que Ancap le preguntó a Trafigura si podía evitar todos estos gastos y si sería viable que entregara ese gasoil a Ecuador.
«Se le comunica a Ancap que sí, que era una opción viable y Ancap responde que Ecuador en vez de pagar con divisa pagaría con crudo, lo cual también es comunicado. Como es una práctica conocida de Ecuador, se accedió (por parte de Trafigura) porque representaba una negocio», explicó el exejecutivo.
De vuelta a la escena local, en la carta que el exasambleísta Jimenez y Villavicencio envían al presidente de Uruguay en 2011 señalan que entre el 60% y 90% del crudo exportable de Ecuador se entrega al amparo de los convenios de alianza estratégica, cobertura de créditos, ventas anticipadas o canje de crudo por combustibles, y que los diferenciales (descuentos del precio) son acordados por “acuerdo mutuo” y no representa la realidad del mercado. ¿Cuánto dinero se perdió en la década pasada? ¿Quiénes participaron en las negociaciones? En Uruguay, uno de los investigados es Raúl Sendic, exvicepresidente del país que renunció a su cargo en septiembre pasado tras los escándalos de corrupción por su gestión en Ancap entre 2010 y 2013.