AUTOR: Liber Andrade Salazar
La Constitución actual rige desde el 20 de octubre de 2008 y supone que desde entonces los ecuatorianos tenemos un manejo adecuado del ordenamiento jurídico del país pasando desde el ciudadano de a pie con relación al Presidente de la República, del último servidor al máximo jefe de cualquier entidad del sector público y, por supuesto, desde el estudiante de derecho hasta el profesor o decano de la facultad de jurisprudencia. En suma, todos deberíamos tener un conocimiento general, específico y profundo sobre las normas que conducen nuestro accionar individual, colectivo e institucional, habida cuenta de ser Estado Constitucional de derechos y justicia.
Nuestra cultura jurídica quizá pudo ser cambiada con la creación de la Función de Transparencia y Control Social que en el ideario constitucional tenía al Pueblo como mandante y fiscalizador genuino del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación; situación no concretada porque a los nuevos detentadores del poder político, económico y cultural les interesa tener una ciudadanía no participativa sino observadora y sumisa a las cosas que esos grupos dicen ser lo correcto, convirtiéndonos esclavos del sistema capitalista-populista-sentimentalista en pleno siglo XXI.
Cultura jurídica endeble cuando no nos interesa saber el contenido cabal de las preguntas del referéndum-consulta popular, faltando entrega de la academia, foro y organización social para generar un debate y alcance serio, definiendo lo que falta para enrumbar al país por el sendero del progreso, desarrollo y bienestar social para todos y no para unos cuantos “redentores demócratas” que vuelven a sonreír de cara al ejercicio del voto popular, pretendiendo olvidar que ayer fueron dictócratas, atracadores e inmorales en el manejo de la cosa pública.