POR: EDGAR QUIÑONES SEVILLA
Mucha preocupación ha revelado la comunidad nacional luego de las denuncias de padres de familia y otros familiares de menores abusados en diversos establecimientos educativos del país, por parte de profesores de los planteles donde, supuestamente, se educa la niñez y juventud del Ecuador.
Los casos descubiertos involucran a las ciudades más pobladas de la nación, pero existe la presunción de que el mal se halla presente en todas las regiones del territorio ecuatoriano, pudiendo considerarse que muchos son los factores que inciden en las censurables acciones detectadas. A criterio de algunos sociólogos consultados, el problema empieza en el hogar, donde las madres no atienden a sus vástagos el tiempo requerido -como era lo habitual en el pasado- debido a que por razones económicas o de diversa índole no permanecen junto a sus pequeños desde muy temprana edad de ellos, a veces a partir del nacimiento, entregándolos al cuidado de guarderías en unas ocasiones, así como a cualquier otro sistema de atención parvularia equivalente.
En 2014 el Comité Ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Periodistas, reunido en Esmeraldas y a petición de sus comunicadores, abordó este tema y resolvió solicitar a los gobiernos de la región comprendida entre el río Bravo y Tierra del Fuego, la inclusión de una norma mediante la cual las madres trabajadoras cumplieran solamente media jornada de labor diaria, para dedicar la otra a sus hijos menores de 8 años, a fin de no privarles de los cuidados que solo ellas pueden prodigarles, por diversas causas y ser quienes entregan la primera educación. Aquí en el Ecuador se envió a las autoridades pertinentes la resolución en mención y hasta ahora ni en la Asamblea ni en ningún Ministerio se ha conocido de su pronunciamiento. Suponemos que lo mismo ha acontecido en el resto de Latinoamérica y el Caribe.
Por otra parte en escuelas y colegios no ha existido ni existe el cuidado requerido para evitar el abuso contra niños y niñas por parte de enfermos mentales que con título de profesores se han introducido en el magisterio nacional. Lo que es peor a este grupo -que por fortuna no es muy numeroso al momento- no se lo ha sancionado, como debió hacerse, desde las primeras muestras de su pequeñez moral. Agréguese que directivos de ciertos planteles de ambos sexos amparan a los desadaptados, los cuales no son separados del trabajo que no solo es de educación sino, principalmente, de formación.
La colectividad confía en que no solamente se obtenga el castigo para los enfermos de sexo, sino que se instituyan otros correctivos incluyendo la prevención de estos delitos, que en muchos países del planeta son calificados de lesa humanidad.