Alrededor de 3,7 millones de hectáreas están concesionadas a empresas mineras. Más de 2.200 centros poblados conviven con esta actividad. Y el 14 por ciento de los bosques nativos remanentes está en riesgo… Frente a estas cifras, el Estado esgrime la opción de una producción ambientalmente responsable.
FRANCISCO HURTADO CAICEDO
En los dos últimos años el Ministerio de Minería reabrió el catastro minero para que empresas soliciten nuevas concesiones en el territorio nacional.
Esas nuevas concesiones (unas en trámite y otras ya inscritas) se suman a las que ya se habían otorgado desde la década de los 90 y que continúan en manos de empresas mineras pese a que, en el 2008, el Mandato Constituyente No. 6 (Mandato Minero) las revirtió por no haber realizado ni consultas previas a las comunidades, por afectar a fuentes de agua, bosques protectores, el sistema nacional de áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento.
Como resultado, un poco más del 14 por ciento del territorio ha sido concesionado y casi la totalidad de las concesiones afectan a tierras campesinas, territorios ancestrales indígenas y sus centros poblados, a fuentes y nacimientos de agua, a bosques protectores y ecosistemas frágiles (como páramos, bosques tropicales, humedales, entre otros).
5
proyectos estratégicos contempla el Estado, todos en el sur.
2,9
toneladas de cobre es la reserva en el proyecto Mirador.Ante la imposición de estos proyectos, cientos de comunidades campesinas e indígenas amenazadas por estas concesiones corren el riesgo de ser desplazadas por las empresas mineras o por el mismo Estado ecuatoriano que impone servidumbres, desaloja violentamente y criminaliza a quienes se organizan y se oponen a la devas-tación social y ambiental de sus
territorios.
Mientras tanto, las denuncias presentadas por las comunidades junto con organizaciones de Derechos Humanos y ecologistas siguen impunes. Ni la Fiscalía ni la Función Judicial, ni siquiera la Defensoría del Pueblo del Ecuador, han sido oportunas y efectivas para hacer justicia y reparar a los afectados.
Por su parte, pese a que el Estado intenta convencernos de la existencia de una supuesta minería responsable, las vulneraciones a derechos humanos y de la naturaleza que se incrementan mientras se acerca la etapa de explotación de minerales a mediana y gran escala desmienten y diluyen ese discurso.
*Integrante de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos
UNA COEDICIÓN DE:
La Hora
No megamineros
DECOIN
CEDHU
Acción Ecológica
Observatorio Minero Ambiental