LIBER ANDRADE SALAZAR
Se ha vuelto costumbre cargar al bolsillo de los usuarios y consumidores valores adicionales por los servicios públicos, así se empezó con el pago de planillas de aportes al IESS y ahora con las de consumo de energía eléctrica, muy pronto será el agua potable, telecomunicaciones y otros.
Según el Art. 52 de la Constitución, las personas usuarias y consumidoras tenemos derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y elegirlos con libertad; entonces, si soy consumidor del servicio de energía eléctrica, puedo elegir el pago en oficinas de recaudación de CNEL EP de Santo Domingo o en una institución financiera; sin embargo, la empresa en rueda de prensa informó el cierre de las áreas de recaudación para que lo hagamos en una entidad financiera, donde el costo adicional a la planilla será entre 35 a 65 centavos de dólar por cada transacción, pues la empresa argumenta ser más económico, que salir en bus hasta las oficinas de recaudación a pagar.
Eso contraría la norma citada aparte de la contenida en el Art. 53 que indica que las empresas, instituciones u organismos que presten servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras y poner en práctica sistemas de atención. Financiamiento a la burguesía financiera aupada por el anterior gobierno y el actual, donde incluso se autofinancia las arcas fiscales con el cobro del IVA por cada transacción.
La CNEL es entidad regulada por la Ley Orgánica de Empresas Públicas y al tiempo de otorgar eficientemente el servicio de energía eléctrica debe tener obligatoriamente áreas de recaudación. De incumplirse aquello, usuarios y consumidores deben organizarse como estipula el Art. 55 de la Constitución para ejercer el derecho de reclamo por un servicio público completo.