Inexplicable

Ernesto Sábato, escritor argentino, en su libro La Resistencia, da un tirón de orejas a la sociedad, a los líderes, a los gobernantes, a todos, para que no miren con apatía lo que está pasando, a que no hagan de la indiferencia y la insensibilidad su fórmula, porque esta es una fusión peligrosa ante la desesperanza de millones de personas, y con su particular estilo sostiene: “Me pregunto, en qué clase de sociedad vivimos, que democracia tenemos, donde los corruptos viven en la impunidad y a la lucha de los pueblos se la considera subversiva”.

La cita de este ensayista argentino viene a colación por tres hechos que han sido noticia en los últimos días; el primero tiene que ver con la sentencia a dos años de prisión, el pago de 15 mil dólares de indemnización y dar disculpas públicas, impuesta por los jueces penales de La Libertad, a Enrique Rosales, periodista radial, por supuestamente haber injuriado a la legisladora oficialista Vanesa Fajardo.


El segundo, se relaciona con la ratificación de la sentencia de cuatro años, contra los saraguros María Lozano y Servio Angamarca, dispuesta por la Sala Penal de la Corte de Justicia de Loja, acusados de generar disturbios y agredir a policías durante el levantamiento indígena, efectuado en agosto del año pasado, en contra del paquete de enmiendas constitucionales impulsado por el Ejecutivo y la derogación o archivo de las Leyes de Aguas y Tierras; además, otros tres saraguros fueron sentenciados, a pesar de que en la audiencia del pasado 30 de mayo fueron declarados inocentes junto a otras cinco personas procesadas por el mismo suceso.


En los dos casos, como los implicados no eran afines al oficialismo, la Justicia actuó implacable, no así en el tercero, que tiene que ver con Carlos Pareja Yanuzzelly, exministro de Hidrocarburos y exgerente de Petroecuador, implicado junto a una docena de empresarios petroleros en el delito de cohecho, la mayoría de los cuales abandonaron el país en vuelos hacia Estados Unidos y España. Recién el 21 de este mes la justicia dispuso la prisión preventiva para 9 de los 17 involucrados. ¿Es esta la Justicia de la que se ufanan?


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