Edwin Jarrín, Sonia Vera y Tania Pauker, miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) están expectantes de la repuesta que dé el Gobierno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las medidas cautelares que solicitaron en referencia al proceso de consulta popular.
Una de las preguntas establece la cesación del cargo de los miembros de ese Consejo para establecer uno transitorio. “Nosotros somos consejeros porque hemos cumplido con los requisitos legales y constitucionales. Cumplimos con un perfil técnico, académico y profesional. Nosotros no hemos sido elegidos a dedo como se pretende hacer con el nuevo Consejo transitorio”, dijo Vera.
Jarrín agregó que la consulta presenta riesgos para la democracia y para la institucionalidad y que esa pregunta en particular afecta los Derechos Humanos y a la estructura del Estado. Los consejeros aseguran que al acudir a la CIDH no se están aferrando a los cargos, sino defendiendo el estado de derecho. El Gobierno tiene plazo hasta el miércoles para remitir sus argumentos al organismo internacional.
Sectores de oposición han cuestionado al Consejo por su cercanía al anterior régimen y porque a través de los concursos se designaron a exautoridades de control que han enfrentado procesos judiciales, como el excontralor Carlos Pólit. (HCR)