El presidente de Concertación dice que un triunfo del ‘No’ evitaría la posibilidad futura de una transición a la democracia.
César Montúfar es profesor universitario y acusador particular en el caso de asociación ilícita que se sigue contra el exvicepresidente Jorge Glas y otros implicados por la trama de corrupción de Odebrecht. Ha sido legislador y candidato a ese cargo en varias ocasiones. Esta es su opinión sobre la consulta popular del próximo 4 de febrero.
¿Hay regresividad en quitarle al pueblo el derecho de elegir su líder indefinidamente?
La alternabilidad es uno de los principios fundamentales y básicos del sistema democrático, tanto es así que para teóricos de la democracia es casi sinónimo de democracia. La democracia política, sin alternabilidad, no es democracia. Incluso la definición que dan autores como Adam Przeworski, autor polaco, es que democracia consiste en que quienes están en el poder pierden elecciones. Desde esa perspectiva, no cabe el argumento de que la reelección indefinida es una garantía del derecho de los ciudadanos a tener plena libertad electoral. Ese mismo criterio, entonces, sirve para una persona sentenciada que se presente a elecciones y las gane. Con ese argumento, el ‘Chapo’ (Joaquín) Guzmán podría ganar elecciones en México, o Pablo Escobar pudo haberlo hecho en Colombia. La libertad de elegir es un derecho que tiene que estar regulado, como todos los derechos, y una de las regulaciones es precisamente que quien esté en el poder no se perpetúe, así como que quien está sentenciado por un delito no pueda ser elegido.
¿La consulta es la opción a una reforma en el contexto del estado democrático?
Yo creo que esta es una pequeña reforma por la que hay que votar ‘Sí’, pese a que es mínima en el sentido de las reformas institucionales que Ecuador requiere. No necesariamente es un primer paso, es un paso. Por ejemplo, al establecer el principio de alternabilidad, al abrir la posibilidad de que se abra un camino hacia la independencia de las instituciones del Estado con la pregunta que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Pero de ninguna manera agota los temas básicos e indispensables de reforma política que el país requiere. Entonces esta consulta puede ser un primer paso o un paso que de no afianzarse, pudiera terminar en la nada. Yo diría que la aprobación del ‘Sí’ en esta consulta debe ser vista, practicada y entendida por todos los actores políticos como un destrabamiento inicial hacia un proceso de verdadera transición democrática. Destrabamiento que no necesariamente puede conducir a esa transición.
¿Qué pregunta considera que sí tiene una importancia práctica?
La que tiene que ver con la derogatoria de la Ley de Plusvalía. Fue un capricho del expresidentes (Rafael) Correa y ha hecho mucho mal a la economía del país, no solo al sector de la construcción sino al empleo, al mismo principio de una sociedad libre y de mercado en la que quien trabaja honradamente puede acumular ciertos bienes, sin obligación de entregar al Estado una parte exorbitante de ellos. Por supuesto que tiene que haber un impuesto a la plusvalía, pero no al punto de que esto se convierta en una expropiación por parte del Estado del trabajo honrado de la gente.
¿Y las demás?
Son pasos positivos, pero algunas tienen riesgos. Por eso la posición de los ciudadanos ante las 7 preguntas debe ser la de un ‘Sí’ crítico, un ‘Sí’ reflexivo, un ‘Sí’ que no ve en esta consulta ninguna panacea sino un paso adelante dentro de un proceso de transición que de todas formas tampoco está asegurado. En ese sentido, si bien las preguntas son positivas y hay que votar afirmativamente, hay que estar consciente de los riesgos. El caso de la primera, la muerte civil de los corruptos. Es importante que se establezcan sanciones ejemplarizadoras en contra de los funcionarios públicos, empresas y grupos que incurran en actos de corrupción. Sin embargo, también podría ser un incentivo para que se utilice lo judicial por parte del poder político, como ha sucedido en Ecuador, a fin de acabar con adversarios con condenas en procesos con tintes políticos. Casos de corrupción que en realidad son persecuciones políticas.
¿La no prescripción de los delitos sexuales contra niños implica que, con el paso de décadas, no será fácil probar si realmente ocurrieron los delitos?
Exactamente. Esa es otra pregunta que tiene el riesgo de transformarse en instrumentos de persecución e incentivar que el poder judicial sea tomado por otros poderes e intereses. El voto afirmativo en esas preguntas tiene que venir acompañado de una reflexión que precisamente se comprometa con impedir que esos riesgos se consuman. Sucede también con la pregunta sobre el Cpccs.
¿Y qué hacer ante esos riesgos?
Se hace absolutamente necesario que una vez que termine este proceso de consulta, donde espero que el ‘Sí’ resulte vencedor, creo que todos los actores políticos y la sociedad ecuatoriana estén muy alertas de que los riesgos que esta consulta trae consigo no lleguen a consumarse. Pero debo decir que si es que ganara el ‘No’, los riesgos de no avanzar hacia la transición democrática serían aún más grandes y peores. Pero creo que una actitud crítica ante este proceso nos debe a todos poner alertas sobre las posibles dificultades. Hay que tener una actitud informada y responsable, no considerar a la consulta una panacea.
Pese a los riesgos del ‘Sí’, ¿el ‘No’ trae más riesgos?
Yo creo que en la situación no consentida de que ganara el ‘No’, sencillamente el mensaje que el electorado daría es que sería aceptable por la sociedad la involución democrática que Ecuador sufrió en la década pasada, la toma total de todos los poderes del Estado en manos del Ejecutivo, el intento de perpetuación en el poder del grupo gobernante, los delitos contra los bienes públicos y la corrupción. No creo que eso sea así. Pero ese mensaje improbable avalaría por vía electoral una realidad totalmente antidemocrática. Un país con reelección indefinida no es democracia. Y un país en el que la gente vote por esa opción tampoco es democracia. (MMD)