Hace tres años dichas cuentas pasaron a la administración del Biess.
El 20 de noviembre de 2014 entró en vigencia la Ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley de Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) para la administración de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados.
Esos fondos se habían constituido de manera independiente con aportes privados de maestros, trabajadores petroleros, de consejos provinciales, universidades, etc, como una alternativa de ahorro e inversión que les permitiera ingresos adicionales al momento de jubilarse o quedar cesantes.
Sin embargo, el oficialismo que en ese entonces dominaba la Asamblea argumentó que también había aportes estatales por lo que aprobó la normativa que permitió que los fondos previsionales pasen a ser administrados por el Biess, lo que en algunos casos incluyó los bienes muebles e inmuebles, como el del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano.
Con nuevos tiempos políticos, el asambleísta Raúl Tello (Unidos por Pastaza), presentó ayer un proyecto de Ley derogatoria de esa reforma, que tiene el apoyo de los exadministradores de los fondos y de sus aportantes. “El Biess pasó a administrar cerca de 1.200 millones de dólares pertenecientes a Fondos privados fruto del trabajo, del sudor y sacrificio de miles y miles de ecuatorianos”, dijo el legislador. Aseguró que bajo la administración del Biess los recursos en vez de incrementarse han disminuido.
Los involucrados
Norma Quishpe, representante del Fondo del Magisterio, el de mayor volumen económico de una lista de 54 fondos, manifestó su apoyo a la derogatoria con la finalidad de que regresen a sus administradores originales. “Más de 200 mil personas fuimos arrebatados de nuestros recursos. Administrábamos más de 2.000 millones de dólares; el dinero es producto de nuestros ahorros. Reclamamos a la Asamblea el tratamiento de esta Ley. Vivimos un nuevo Estado y necesitamos que se vea representado en la Asamblea esa defensa de los derechos de los ecuatorianos”, dijo Quishpe.
El Consejo Provincial de Pichincha también espera que se devuelva la administración de su Fondo. La viceprefecta Marcela Costales manifestó que la normativa fue una irregularidad cometida contra los fondos previsionales. “Como Gobierno Provincial de Pichincha nosotros tenemos los fondos de cesantía, dinero de nuestros funcionarios públicos, que les pertenecen a ellos y la derogatoria de la Ley es reconocer el derecho constitucional que tenemos de participar en la administración de nuestros fondos y de disponer de nuestro dinero”, dijo Costales.
Sin embargo, el asambleísta Julio César Quiñónez (PAIS) no está de acuerdo con la derogatoria de la reforma ya que considera que los Fondos deben estar administrados por un ente central, en este caso el Biess como se estipula en la actualidad. “Pero hay algunos matices que habría que revisar y en función de eso analizar”, dijo Quiñónez. Dijo que la Ley de Seguridad Social tiene principios básicos y constitucionales que se deben respetar para garantizar la institucionalidad. (HCR)