Se investiga un presunto peculado que habría perjudicado al Estado en más de dos millones de dólares.
El fiscal general, Carlos Baca Mancheno, formuló cargos en contra de Walter Solís, quien fue secretario nacional del Agua en el Gobierno de Rafael Correa, por el presunto delito de peculado. Enseguida, el juez Luis Enríquez dictó la prisión preventiva para él y otros procesados, así como la prohibición de enajenar bienes y la inmovilización de sus cuentas bancarias en el sistema financiero nacional.
La audiencia de formulación de cargos se cumplió ayer en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en ausencia de los procesados, incluido Solís y, según la Fiscalía, el perjuicio al Estado bordearía los 2’250.000 dólares.
El proceso tiene como sustento un informe de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal y se remonta a 1998, cuando se dio por terminado el contrato para la planta de tratamiento de agua potable para Portoviejo, suscrito entre el Centro de Rehabilitación de Manabí, ahora Senagua, y la empresa Ondeo Degremont, de Francia.
Según la Fiscalía, la terminación unilateral del contrato motivó que se iniciaran acciones legales del Centro contra la empresa y viceversa, pero luego, en 2002, se habría optado por la mediación, en la que se acordó el pago de 8’130.000 dólares por liquidación de la obra.
¿Cómo se llega al proceso?
En 2004, la Contraloría realizó un examen especial al proceso de mediación y estableció que se llevó a cabo sin la presencia de la Procuraduría y que, por tanto, esa acta de mediación era nula.
11
años han pasado desde que se selló el supuesto acuerdo.
2,2
millones habría sido el perjuicio al Estado. No obstante, en 2007 se firmó una segunda acta de mediación y entonces Solís solicitó al Ministerio de Finanzas una asignación presupuestaria de 8’130.000 dólares, supuestamente para atender esa obligación que habría surgido del acta de mediación.
Fue tanta la exigencia y la presión de Walter Solís, según la investigación del Fiscal, que se desembolsaron los recursos, pero 2’450.000 dólares se utilizaron para cancelar honorarios del abogado Jorge Maruri y, de esos, 200.000 dólares se entregaron a Jorge Bernal, subcontratista de la compañía Ondeo Degremont. Los restantes casi seis millones fueron devueltos a las arcas fiscales.
El quiebre se dio en 2014, cuando la compañía Ondeo Degremont hizo llegar a la Contraloría una comunicación indicando que la Superintendencia de Compañías canceló el permiso de operación de su sucursal ecuatoriana el 21 de julio de 2005, fecha desde la cual no ha tenido ningún tipo de operación en Ecuador.
A esto se agrega que desde el 31 de julio de 2003, fecha en la cual expiró la última procuración judicial otorgada en Ecuador, la empresa no nombró otros representantes ni procuradores, por lo que desconocía toda actuación en nombre de la compañía. Es decir, todo se había hecho con una ‘compañía fantasma’. (LC)
La defensa
° Alembert Vera, abogado defensor de Walter Solís, quien también fue abogado del expresidente Rafael Correa, se mostró contrario a la formulación de cargos en contra de sus clientes y, según dijo, no se cumplen los presupuestos legales para ello, como es el informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal, en el que no se cita a su defendido. Octavio Guadalupe, defensor de Marco Rodas, también alegó que su cliente no consta en el informe de Contraloría, sin embargo también se le formularon cargos y se pidió su prisión.
Los procesados
Lista
° Walter Solís, exsecretario nacional del Agua.
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° Marco Rodas, coordinador de asesoría jurídica de la Senagua.
° Lorena Benalcázar, exjueza quinta de la Niñez y Adolescencia de Manabí.
° Cristóbal Macías, exjuez décimo sexto de lo Civil de Manabí.
° Jorge Maruri, abogado en libre ejercicio.